Representantes de las defensorías del Pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela se reunieron ayer en La Paz para tratar sobre los derechos laborales de los inmigrantes y de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En este Consejo Andino de defensores del Pueblo participan el titular de Bolivia, Rolando Villena, y sus homólogos de Ecuador, Ramiro Rivadeneira y de Venezuela, Gabriela del Mar, además de los primeros adjuntos de las defensorías de Perú y Colombia.
"En el caso de Bolivia hemos avanzado un poco, pero es fundamental que nos podamos nutrir de todas estas experiencias, de todas estas miradas", señaló Villena en declaraciones a Efe.
El funcionario destacó el compromiso de los defensores con los derechos humanos y consideró que los defensores del Pueblo deben despojarse de prejuicios "que de una y otra manera afectan a los derechos de otros ciudadanos".
Villena consideró que se debe "desterrar" la idea de discriminación hacia los extranjeros y opinó que esta es una tarea pendiente para Bolivia.
"Nosotros podríamos quedar muy mal parados si sólo exigimos los derechos humanos de connacionales en el exterior, cuando el trato de los extranjeros en nuestro país todavía es de discriminación", sostuvo.
Además, destacó el ejemplo de Ecuador y Colombia, países que avanzaron en su legislación en esta materia, y en lograr que ninguna persona sea considerada "ilegal" por ser inmigrante.
Al terminar el encuentro Villena, ratificó su compromiso de consolidar una agenda común para prevenir la trata y tráfico de personas, gestionar conflictos socioambientales e implementar una planificación que haga más eficiente el trabajo del organismo.
Modificaciones en el Consejo Andino de Defensores y Defensoras del Pueblo (CADP)
El CADP modificó su estatuto al aprobar 12 nuevos objetivos, entre ellos: defender los derechos humanos en los países de la región andina, velar por la autonomía de las defensorías del Pueblo y coordinar acciones para promover los derechos de sectores vulnerables, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, privados de libertad y migrantes.
Expertos de los cinco países expusieron sobre derechos de los indígenas y laborales de los migrantes. Se acordó buscar e implementar mecanismos para materializar la norma vigente a través de las mesas creadas.
Por su parte, el defensor del Pueblo del Ecuador, Ramiro Rivadeneira, declaró a Efe que en su país hay un avance en la normativa que garantiza los derechos humanos, aunque aún tienen un reto respecto a la normativa secundaria que la respalde.
Según Rivadeneira, Ecuador tiene un alto número de inmigrantes entre los que se cuentan unos 500.000 colombianos, además de 55.000 personas refugiadas.
El representante ecuatoriano explicó que su país debe desarrollar normativas para "garantizar" los derechos de los emigrantes en los ámbitos de "educación, salud y trabajo".
"En el transcurso de unos meses esperemos que Ecuador pueda contar con una ley de movilidad para inmigrantes", refirió Rivadeneira.
Agregó que a los defensores del Pueblo les corresponde "conocer la situación de los derechos humanos respecto a los colectivos y tratar de darles soluciones prácticas".
Fuente: ACSUN, Lic. Javier Díaz, EFE.
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