Juristas y especialistas consideran la fusión ministerial un ‘apagón histórico’
El Instituto Patricia Galvão escuchó a juristas, especialistas, investigadores y activistas sociales sobre la reforma ministerial brasilera anunciada por la presidenta Dilma Rousseff , que puede extinguir las Secretarías de Políticas para las Mujeres (SPM), de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (Seppir) y de Derechos Humanos (SDH).
Creación del Ministerio de la Ciudadanìa.
En una nota, después de que se hiciera pública la reunión ocurrida entre la presidenta Dilma y los/las funcionarios/as de las tres carteras, el Palacio del Planalto confirmó que el anuncio de los cambios en el primer escalón del gobierno se realizará esta semana. La perspectiva es que SPM, Seppir y SDH se fundirán en el denominado Ministerio de Ciudadanía, que asumiría también funciones hoy, bajo responsabilidad de la Secretaría General de la Presidencia, como la Secretaría Nacional de la Juventud.
La especialista del Cedaw-ONU Silvia Pimentel realiza duras criticas
La especialista del Cedaw-ONU (Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas), la jurista Silvia Pimentel, hace duras críticas a la posibilidad de la fusión de las carteras. "Es una verdadera ceguera de género que el gobierno brasilero no vea que las mujeres y las niñas tienen el derecho a una mirada diferenciada del Estado y a políticas muy atentas, que tengan en consideración sus especificidades”. Para ella, hombres y mujeres son diferentes, no sólo biológicamente sino en su inserción en la sociedad. "Sólo la atención consciente a las diferenciaciones sociales, políticas y económicas va a asegurar condiciones igualitarias a hombres y mujeres efectivamente. Además, simbólica y políticamente, esto es un retroceso, porque todavía no alcanzamos esa igualdad”.
Opiniòn de Cladem
Integrante del Comité Consultivo del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la jurista –que es una de las mayores autoridades en derechos de las mujeres a nivel internacional– resalta también que "las recomendaciones del más alto Comité de la ONU para los derechos de las mujeres plantean como un punto clave, para todos los países integrantes de la ONU, que el órgano nacional responsable de la implementación de políticas públicas para efectivizar los derechos de las mujeres tenga nivel ministerial, en función del estatus político necesario para efectivizar la transversalidad y la intersectorialidad en el desarrollo de estas políticas públicas”.
La promotora de Justicia del Ministerio Público de São Paulo Valeria Scarance
La promotora de Justicia del Ministerio Público de São Paulo Valeria Scarance considera la fusión "un apagón histórico en la defensa de los derechos de las mujeres”. Destaca que desde hace más de una década, la SPM, debido al estatus de ministerio, viene promoviendo la integración entre los diversos sectores que actúan en la defensa de las mujeres, especialmente con el Ministerio Público. Se desarrollaron trabajos relevantes en ese proceso de integración, como la adaptación de las directrices para investigar y procesar el femicidio, el seguimiento de proyectos de ley y la Campaña Compromiso y Actitud, que es hoy responsable de la unión de todos los actores que componen el Sistema de Justicia.
Valeria resalta que la Secretaría representa, histórica y simbólicamente, también la relevancia de la pauta de la defensa de las mujeres y del reconocimiento de la ciudadanía a las mujeres. "Incorporarla a un ministerio debilita la defensa de las mujeres, la integración de los servicios e instituciones, y torna incierto el destino de las políticas públicas para las mujeres en nuestro país. Es una decisión autoinmune, en la que el gobierno ataca justamente el sistema de protección de las personas”. La promotora coordina la Comisión Permanente de Combate a la Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer (Copevid) del Grupo Nacional de Derechos Humanos del Consejo Nacional de Procuradores Generales (CNPG).
Ben-Hur Viza, juez del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios (TJDFT)
Ben-Hur Viza, juez del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios (TJDFT), evalúa que la fusión puede ser una necesidad ante un escenario de crisis y la exigencia de tomar medidas para asegurar las metas de crecimiento del país. Sin embargo, también señala que la fusión va a traer un perjuicio a la hora de enfrentar la violencia contra las mujeres, porque hace las cosas más burocráticas. Y ante los avances en las políticas públicas de enfrentamiento a la violencia contra las mujeres, el magistrado señala que el gobierno va a tener que posicionarse sobre si la política para las mujeres es de hecho una prioridad. "Hoy, la prioridad ha sido el enfrentamiento a la violencia, y creo que esa fusión va a traer un retroceso. No podemos dar un paso atrás en relación con esa política y dejar que se pierda”, afirma. Ben-Hur Viza es coordinador del Centro Judicial de Resolución de Conflictos y Ciudadanía de la Mujer en Situación de Violencia Doméstica y Familiar (CJM/DF).
Para la médica Jurema Werneck, sólo plantear esa posibilidad ya es un retroceso en relación con las luchas de las mujeres desde la Constitución de 1988. Y en un gobierno que debe mucho a la tradición de izquierda y a las luchas de los movimientos sociales, es "chocante”. Si esto se concreta, según ella, se va a sellar una grave ruptura de los partidos del gobierno, y del PT en particular, con "aquellos sujetos que los llevaron al Planalto”. "Fueron nuestras luchas las que posibilitaron la elección de la presidenta, porque ni siquiera la lucha contra la dictadura planteaba la pauta de igualdad de género e igualdad racial. Sinceramente, considero una traición, una rebaja de la pauta de los derechos humanos, de la igualdad racial y de género. Entregar Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos es el fin de los tiempos. La coyuntura no puede implicar abandonar completamente los principios fundamentales de las luchas de los movimientos sociales”. Jurema es ex presidente del Consejo Nacional de Salud y coordinadora de la ONG Criola, y también integra el Grupo Asesor de la ONU Mujeres Brasil.
Silvana Conti, representante de la Liga Brasilera de Lésbicas en el Consejo Nacional de los Derechos de las Mujeres, dice que en medio del "tsunami conservador” en el que vivimos, la fusión es inaceptable, porque sería un desmonte de estructuras administrativas de control social y de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil.
"Ante esta crisis no es aceptable que nosotros, de los movimientos sociales, pactemos con una decisión como ésta. Creemos que es el momento de avanzar y continuar perfeccionando la gestión pública, para la construcción y la pavimentación de la ciudadanía del pueblo brasilero. Para hacer frente a este tsunami, sólo se necesita avanzar manteniendo las estructuras existentes”. Afirma además que "es preciso apelar a la sociedad para fortalecer al país y al Estado Democrático de Derecho, por el mantenimiento del estatus de ministerio de las secretarías, porque son conquistas históricas”.
La coordinadora auxiliar del Núcleo Especializado de Promoción de los Derechos de la Mujer (Nudem) de la Defensoría Pública de São Paulo, Ana Paula Meirelles, relató al Instituto Patricia Galvão la insatisfacción del equipo por la noticia. "Vemos esta fusión como un gran retroceso, tanto para el movimiento de mujeres como para el de las personas negras, porque esto hace que se pierda toda la fuerza que se conquistó hasta hoy, que la lucha se desvalorice. Percibimos que habrá una reducción de las inversiones en las políticas orientadas a esas minorías. No hay manera de ser diferente, porque es evidente que habrá una reducción presupuestaria, de inversión en políticas públicas para las mujeres y para las cuestiones de racismo y combate a la discriminación”. La defensora destaca también que, en este momento, el desafío es mantener el presupuesto que ya fue destinado a las secretarías para que no haya una reducción, porque si se produce un recorte no será posible mantener y continuar avanzando en lo que ya se conquistó.
"La SPM, la Seppir y la SDH fueron avances extraordinarios para la institucionalidad democrática, en el sentido de fortalecer la dimensión de género, la diversidad étnico-racial y los derechos humanos, a fin de que esos vectores pudieran impactar marcos legislativos y políticas públicas. Convoco a que se revea esta decisión, para que no haya un retroceso en logros tan fundamentales para la sociedad brasilera”, señala Flavia Piovesan, procuradora del Estado de São Paulo e integrante del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para el monitoreo del Protocolo de San Salvador. En su opinión, no hay democracia si no prevalecen los derechos humanos, y Brasil debe enorgullecerse de tener una institucionalidad de referencia en el área. "Cuando hay secretarías específicas orientadas a las mujeres, la diversidad étnico-racial y los derechos humanos, el/la gestor/a público/a puede evaluar con detenimiento las políticas públicas, reconociendo los vacíos, identificando las prioridades, impulsando medidas protectivas y enfrentando los retrocesos. Es fundamental resistir este cambio”.
Antropóloga Débora Diniz
La antropóloga Débora Diniz, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia (UnB) e investigadora de Anis – Instituto de Bioética, resalta que el concepto de ciudadanía no da cuenta de todas las especificidades de los grupos vulnerables a violaciones de derechos como resultado de la estructura socio-histórica en que vivimos. "El concepto de ciudadanía es importante, reconocido por los movimientos feminista y antirracista como fundamental para los derechos sociales, pero su historia fue una abstracción, que no fue capaz de representar las particularidades de los grupos minoritarios. Nuestro desafío es que todos estos años de conquistas –los derechos de las mujeres y de las poblaciones negras– no sean olvidados por el retorno a un principio-valor universalista, con el cual concordamos pero que históricamente no fue capaz de representarnos. Éste será nuestro principal objetivo y estaremos aquí para recordarlo”.
Jacira Melo, directora ejecutiva del Instituto Patricia Galvão
En la evaluación de Jacira Melo, directora ejecutiva del Instituto Patricia Galvão, la presidenta Dilma Rousseff puede hasta pensar que no es bueno sacralizar estructuras. "Sin embargo, lo que está en juego, presidenta, no es sólo un cambio de estructura, una fusión de secretarías. Lo que realmente pesa es el impacto que ese cambio abrupto tendrá sobre el desarrollo de las políticas públicas que abordan los derechos sociales de las mujeres, la desigualdad racial, la diversidad sexual y los derechos humanos”, señala. Cree que, ciertamente, ninguna de las áreas tendrá la prioridad que tienen hoy, aún más si la titularidad del ministerio se define en otro arreglo basado en intereses político-partidarios y no en el criterio de la experticia en las temáticas a tratar. Su expectativa es que por lo menos sea una mujer quien esté al frente de ese ministerio, y con experticia y conocimiento en las áreas que estarán bajo su coordinación.
Fuente: Lic. Javier Dìaz, ACSUN, Agência Patrícia Galvão.
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