Situación de Derechos Humanos de Mujeres Afrodescendientes en Brasil
Comisionados: Francisco José Eguiguren Praeli, José de Jesús Orozco Henríquez
Margarette May Macaulay
Peticionarios: Geledés-Instituto da Mulher Negra, Criola-Organização de Mulheres Negras
Instituto Patrícia Galvão, Race and Equality
Estado: Brasil
En una audiencia ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) en abril 7 del 2016, las varias organizaciones de la sociedad civil peticionando argumentaron que la actual situación de las mujeres afrodescendientes en Brasil es no satisfactoria y viola sus derechos humanos. Este tema ha llegado previamente a la atención de la CIDH en mayo y octubre del 2013.
Las audiencias anteriores resultaron en el estado asegurando mejores estadísticas, políticas, y la implementación de aquellas políticas. Los brasileros afrodescendientes, especialmente las mujeres, están gravemente poco representadas en el gobierno y en el comercio, y se enfrentan con la discriminación y con las pocas oportunidades de empleo.
La queja mayor de los peticionarios se dio por la situación de las mujeres afrodescendientes en Brasil y por la violencia en contra de ellas. Ellos atribuyen esta situación a la cultura de Rio de Janeiro y a otras problemáticas socioeconómicas. Dieciséis mujeres mueren a diario por causa de la violencia, y 6,000 mueren cada año; un porcentaje significativo de estas son de raza negra. La tasa de violencia en contra de las mujeres de raza negra en Brasil es más alta que en cualquier otro lugar del mundo. Esta violencia tiene un severo impacto psicológico y emocional.
Los peticionarios recomendaron que el Estado:
1) Implemente más mecanismos políticos para erradicar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres de raza negra, especialmente en sus lugares de empleo.
2) También recomendaron que se proporcione más acceso a la salud pública,
3) y la ratificación de la Convención Inter-Americana en Contra del Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68). El estado respondió que está tomando medidas para prevenir la discriminación y para proveer avenidas a las víctimas de la violencia para que busquen ayuda y albergue.
La Comisionada Macaulay les hizo una serie de preguntas a las partes.
Ella expresó estar en estado de choque de lo espantosa que esta la situación, especialmente dado a que la población afrodescendiente jugó un rol tan importante en el desarrollo del Brasil.
Ella se mostró muy curiosa de saber los números de mujeres de raza negra quienes se encuentran en posiciones de poder decisional en el gobierno de Brasil.
Ella cuestionó al estado sobre la implementación actual de las legislaciones existentes que mandan igualdad de oportunidades y de salarios para las mujeres de raza negra, dado a que el hacer cumplir estas leyes parece ser algo problemático en un tema como este.
Ella también hizo referencia al tema del virus del Zika y a los derechos reproductivos de las mujeres de raza negra en Brasil.
En referencia a la temática del gran número de mujeres de raza negra en prisión, ella hizo hincapié en que el estado debe enfocarse más en desarrollar políticas y programas que prevengan su encarcelamiento, en vez de enfocarse en programas para después de la condena.
El Comisionado Orozco quiso saber si había algún entrenamiento específico para la policía, los jueces, u otros miembros de las agencias a cargo de hacer cumplir la ley para que las investigaciones no se basaran en estereotipos.
Finalmente, el Comisionado Enguiguren, quien también es el Relator Especial para Brasil quiso saber más información sobre la situación de las mujeres de raza negra trans-género en Brasil.
Este preguntó si era el género, la pobreza, la raza, o las tres puestas juntas lo que hacen a los individuos vulnerables.
Todos los tres comisionados hicieron hincapié en la importancia de obtener más estadísticas y de incrementar el número de mujeres de raza negra en posiciones de poder y de toma de decisiones en el Brasil.
Dado a la falta de tiempo, las partes no pudieron responder a todas las preguntas hechas y a las preocupaciones levantadas.
Los Peticionarios declararon que no había estadísticas oficiales ya que la mayoría de las estadísticas eran colectadas por la sociedad civil.
En términos de la epidemia del Zika, lo más importante es que las mujeres prevengan a los mosquitos de entrar en sus casas, pero no hay medidas reales que estén siendo tomadas por el gobierno para prevenir los mosquitos. La ley permite, e incluso requiere el aborto en ciertos casos, pero no hay ningún mecanismo para hacer responsables a aquellos que se rehúsan a acatar las leyes y practicar un aborto.
El estado también respondió a las preguntas de los Comisionados sobre violencia doméstica. Ellos enfatizaron que hay varios programas para víctimas de la violencia doméstica y que se están abriendo más albergues.
Desafortunadamente, las mujeres tienen que ir a diferentes lugares para poder tener acceso a los varios servicios públicos, y el estado está tratando de crear una organización que maneje todos los servicios públicos. El estado le aseguró a la Comisión que está en proceso de aprobar nueva legislación e incrementar la implementación de la legislación ya existente para asegurar que las mujeres afrodescendientes en el Brasil sean tratadas igualitariamente y que no sean discriminadas.
Análisis Jurídico por la Autora
Brasil ha firmado y ratificado la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer(CEDAW) de la ONU, y está obligado a hacer cumplir los derechos de sus ciudadanos mujeres por medio de la incrementación de su representación en los sectores públicos y privados y por medio del dar acceso igualitario. También, como miembro de laOrganización de Estados Americanos (OEA), Brasil debe ratificar la convención A-68. Brasil ha ratificado la Convención Inter-Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer, y por ende, es responsable de implementar mecanismos y asegurar que la violencia en contra de las mujeres sea erradicada, y que los perpetradores sean llevados frente a la justicia.
Fuente: ACSUN, Lic. Javier Dìaz, OEA.
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