Costa Rica está en deuda, en materia de derecho humanos, con varios grupos sociales entre los que se encuentran la población sexualmente diversa, los afrodescendientes, indígenas, migrantes y las personas con VIH.
Así se desprende de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica, que realizó de forma independiente la Defensoría de los Habitantes.
El documento presentado el viernes pasado por la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, explica que el país sigue sin cumplir con algunos compromisos internacionales que se deben aplicar mejor, para garantizar los derechos humanos a todas las poblaciones.
Solano indicó que en el combate contra la discriminación racial enfocada a las personas afrodescendientes existe un atraso considerable en la ejecución de la Política Nacional para una Sociedad Libre del Racismo y Xenofobia que se lanzó para el período 2014-2015.
Según la defensora, no queda claro como esa política nacional se ejecutará con el Plan de Acción que va del 2015 al 2018. "No queda claro si el plan desarrolla la política. No tenemos muy claro cuál es la relación", sentenció Solano.
En el país también existen algunos problemas en torno al acceso a la seguridad social para algunas poblaciones.
Para la defensora hay un rezago importante luego de que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se negara a brindar servicios médicos en atención prenatal y la prohibición del acceso al seguro indirecto o de beneficio familiar a las mujeres migrantes.
"En el marco de los derechos humanos el país debe tender a un aseguramiento universal, es decir, que todas las personas puedan tener alguna forma de aseguramiento que le permita y garantice no solo su derecho a la salud, sino también el derecho a una pensión", agregó Solano.
Otras deudas. La Defensoría también señaló deficiencias en los derechos al agua, a la libre sindicalización, a tener el nivel de vida adecuado y a la cultura.
Datos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) indican que la cobertura de agua alcanza el 100% de la población nacional, pero, el 7% recibe líquido no potable.
El acceso al servicio de agua potable es desigual para las personas que viven en zonas rurales, las poblaciones indígenas y los sectores marginales del país.
El informe alerta que en el país existe poca difusión de información sobre la libertad sindical en el sector público y privado.
Mientras el sector público cuenta con 109.118 trabajadores afiliados a sindicatos, en el sector privado apenas se contabilizan 57.039 empleados que se afiliaron al sindicalismo.
En cuanto al nivel de vida adecuado, la Defensoría mostró preocupación por las brechas socioeconómicas que existen entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y las regiones rurales.
La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de julio del 2014, evidenció que la Región Central tiene un nivel de pobreza del 17,2%, mientras que las regiones periféricas un 26,8%.
Sobre el derecho a la cultura, el estudio detalla que se deben proteger elementos de la cultura afrocostarricense.
¿Por qué se hace el informe?. La Defensoría de los Habitantes presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El país se someterá a dos exámenes en esa materia a los largo de este año, explicó la defensora, Montserrat Solano.
El Estado costarricense, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, presentó un informe sobre la misma temática.
Ambos documentos serán conocidos en marzo por el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. En setiembre serán analizados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. (esperamos en marzo poder difundir el documento)
Según Solano, se trata de "exámenes" en materia de derechos humanos a los que se someten los países cada dos o cuatro años.
Las evaluaciones permiten verificar el avance de Costa Rica en el cumplimiento de políticas internacionales en esta materia.
Fuente: ACSUN, Lic. Javier Dìaz, nacion.
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