La Intendencia de Montevideo solicitó la clausura hace un mes de una pensión ubicada en la avenida pricipal de la capital sobre 18 de Julio esquina Río Branco por falta de mantenimiento y de documentación.
¿Quienes rentan una habitaciòn en este lugar?
En su mayoría migrantes afrodescendientes procedentes de Republica Dominicana, quienes denuncian condiciones de vida “indignas”, discriminación y amenazas.
La decisiòn de clausura esta tomada desde febrero de este año
El pasado 9 de febrero el Servicio de Inspección General de la comuna tomó esta decisión. El motivo: el establecimiento no cumple “con las condiciones requeridas en cuanto a la documentación correspondiente ni en su estado general de mantenimiento, conservación e higiene”, señala la resolución 80/18/1000.
En 2012, 2014 y 2016 este local ha recibido seis multas por parte de la Intendencia, que oscilaron entre 15 y 23 unidades reajustables. En general fueron porque el responsable nunca presentó las habilitaciones que otorga la Dirección Nacional de Bomberos, el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (ascensores) y el Servicio de Contralor de la Edificación.
Según un acta notarial del Ministerio de Vivienda firmada el 10 de enero, a la que accedió El País, este inmueble, ubicado en la Avenida 18 de Julio 937, “no está inscripto en el Registro de Pensiones”, por lo que no debería trabajar como tal.
El edificio albergó antiguamente al Hotel Río de La Plata, cuya cartelería identificatoria aún permanece en la fachada. Averiguaciones hechas por asesores legales de los habitantes, señalan que los permisos que otorga el Ministerio de Turismo para estos establecimientos también están vencidos.
Luego de que la comuna dicta la clausura de una pensión, sus dueños no pueden permitir el ingreso de nuevos inquilinos. Sin embargo, habitantes constataron que en un mes cinco personas nuevas han logrado alquilar.
Los nuevos inquilinos que ofrecen más dinero
En los últimos años ha proliferado la aparición de pensiones irregulares. En general, se ofrecen a personas que no pueden acceder a un alquiler porque no cuentan con garantías.
“Si una persona acuerda pagar ocho mil pesos, al mes siguiente lo quieren sacar porque viene un inquilino nuevo que ofrece pagar diez mil”, comentó Juan Ceretta, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Como no se documenta el arrendamiento y muchas veces las pensiones no están registradas, “es una irregularidad de principio a fin”, agregó el abogado.
En general, las personas son migrantes: dominicanos, cubanos, venezolanos y hasta angoleños. “Hoy son el público de este tipo de pensiones, que volvieron a ser un negocio rentable”, indicó Ceretta.
Muchas veces vienen en familias y “los refugios del Ministerio de Desarrollo Social no aceptan familias”. Por eso estos migrantes se deciden por vivir en este tipo de lugares.
Discriminación.
Según la visión de los dominicanos, el anuncio de aumentar el precio de las habitaciones tiene como objetivo echarlos. Aseguran que a diario reciben amenazas para que abandonen el lugar.
“En una oportunidad me dijo: ‘Negra de mierda, váyanse a su país’. Y dice que va a entrar a mi pieza y me va a quitar mis cosas”, aseguró Alejandra. De hecho, la Policía ha acudido al lugar para desalojarlos. Los inquilinos lograron resistirse.
El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, que asesora a los migrantes dominicanos, aseguró a través de una carta que estas personas “no pueden ser desalojadas sin previo proceso judicial, extremo que hasta el presente no ha ocurrido”, más allá de que la Intendencia haya ordenado la clausura del local. Esta misiva fue presentada ante los administradores del edificio y ante “la fuerza pública”.
Los migrantes han hecho denuncias ante el Instituto de Derechos Humanos. Estos documentos pueden ser un insumo para un futuro juicio.
Fuente: ACSUN, Lic. Javier Dìaz, Elpais.
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