Ley 1448 de 2011_victimas Conflicto Armado by sharonjav on Scribd
Nota: El articulo 2 de la ley, tome especial atenciòn a las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades
afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos,
las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como
sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la presente
ley.
En Bogota hay miles de familias afrodescendientes que han llegado desde Chocó, Cauca y Nariño, huyendo de la violencia a causa del conflicto armado. Hoy le reclaman al Gobierno de Colombia por el incumplimiento con la restitución de tierras.
Histotoria de Emerito Chala un afrocolombiano que escapo de los paramilitares.
Emeterio Chala llegó a Bogotá en 2001, escapando de los paramilitares y la guerrilla que se habían apoderado de su casa, en el municipio de Medio Atrato, en Chocó. Aunque primero llegó a Quibdó, no pudo quedarse, pues el territorio también era azotado por la violencia. Al llegar a la capital se instaló en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad. Sin descanso, comenzó a buscar trabajo para sobrevivir. Sin embargo, al no lograrlo se desplazó a Suba, al noroccidente de la capital. “Allá trabajé como vigilante. En realidad, lo hice en diferentes lugares, pero después volví a mudarme, esta vez a Ciudad Bolívar”.
Y fue precisamente en esta localidad en la que se encontró con 170 familias afros, que también habían sido desplazadas por la violencia y que, al igual que él, dicen haber recibido pocos beneficios tras llegar a la ciudad. No obstante, una luz de esperanza se abrió paso para ellos desde 2011, año en el que se creó la Ley de Víctimas, la cual tiene entre sus metas devolverles las tierras a todas aquellas familias que fueron obligadas a abandonar sus viviendas por culpa del conflicto armado.
Pese a que el Gobierno nacional anunció que reuniría sus esfuerzos para devolverles lo que les habían arrebatado, casi diez años después ninguna de estas familias ha podido recuperar sus tierras. “Ellos hicieron unos acuerdos con nosotros, por lo que les creímos, pero hoy, incluso con la situación en que estamos, no nos han cumplido”, aseguró Chala. Y es que, además de todo lo que han tenido que pasar estas familias a causa de la violencia, les ha llegado de golpe el COVID-19, que los impactó con fuerza
Por ello, hoy más que nunca, el tener las manos vacías en medio de la emergencia sanitaria los ha obligado a salir a las calles, con el fin de ser escuchados por el Gobierno nacional. Félix Rueda es otro de los líderes desplazados por la violencia. El pasado 10 de junio llegó hasta la emblemática Plaza de Bolívar, junto con cientos de personas desplazadas por el conflicto armado, para protestar por el incumplimiento del Gobierno.
“Esta fue la vivienda que el Gobierno nacional me entregó”, era lo que decían las lápidas posadas sobre el pavimento de la Plaza de Bolívar, tumbas que ellos mismos hicieron para visibilizar la situación que atraviesan. “No hay palabras que expresen el sufrimiento que estamos pasando en este momento. No solo hemos sido víctimas del conflicto armado, también hemos sido víctimas del Estado”, aseguró Rueda.
En la manifestación fueron casi mil personas las que se pararon frente al Congreso de la República y el Palacio de Justicia para exigir ser escuchadas. “Nosotros lo que pedimos es que al menos, durante esta situación, nos brinden ayudas económicas para poder pagar los arriendos. Muchos hemos sido desalojados durante la pandemia y hemos tratado de armar una carpa para que los más afectados puedan tener dónde refugiarse”, relató el líder.
Sin embargo, a pesar de que se mantuvieron allí todo el día, poco pudieron lograr, “hasta las 7:00 p.m. llegaron funcionarios de la Unidad de Víctimas, que nos dijeron que iban a cumplir con los acuerdos, pero nada ha pasado”, aseveró Emeterio Chala, quien también fue parte de la marcha. “No nos sentimos representados por nadie. Ya es hora de que tengamos una vivienda digna. Somos víctimas de un conflicto en el que nunca tuvimos culpa y ni siquiera nos han brindado una reparación por eso”, dijo Chala.
Por ahora, estas comunidades han manifestado que seguirán saliendo a las calles, pese a la emergencia sanitaria, pues dicen que es el mismo incumplimiento del Gobierno el que los obliga a salir a las calles, pues en este momento no pueden salir a trabajar como antes y no tienen vivienda ni sustento para sobrellevar los efectos de la pandemia.
El panorama afro en Bogotá
Según datos de la Alcaldía de Bogotá, en la capital hay alrededor de 115.088 personas afros. Sin embargo, para Horacio Guerrero, funcionario de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, cada vez son más las familias que llegan a la capital. “Los efectos de la pandemia en sus territorios los han hecho arribar recientemente a Bogotá y entran, inicialmente, por la ruta de la Alta Consejería para Atención a las Víctimas del Distrito”.
El funcionario agrega que, debido a la emergencia por el COVID-19, han repartido mercados a las organizaciones de comunidades afros que están en la base de datos de la Alcaldía, pero reconoce que todavía hay muchas familias que no han podido acceder a las ayudas. “En este momento estamos levantando una nueva base de datos por grupos familiares para ingresarlos oficialmente al programa Bogotá Solidaria en Casa”, dijo Guerrero.
Una vez el Distrito logre ingresar a estas personas permanentemente al programa, las comunidades afros podrán acceder no solo a ayudas alimentarias, sino a tener un alojamiento donde refugiarse, que es coordinado con la Secretaría de Hábitat. “Esto es lo que les hemos ofrecido a las comunidades negras. Para ello estamos haciendo encuestas a estas personas y a su grupo familiar”, finalizó el subdirector.
La capital cuenta permanentemente con los Centros de Orientación y Fortalecimiento Integral Afrobogotano (Confía) y con el Consejo Consultivo Afro, Raizal y Palenquero para la atención de esta comunidad. Pese a las ayudas, la comunidad ha dejado en claro que quieren que el Gobierno nacional les dé garantías “reales” que les permitan volver a sus tierras, para tener una vida digna y no sufrir las penurias que ahora, por la pandemia, son aun más dolorosas.
Fuente: ACSUN, Elespectador.
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