Un juez de Nicaragua negó hoy el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al juicio de dos afrodescendientes acusados de la muerte de un periodista, en medio de la crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
El acceso a la CIDH, representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y familiares de los acusados Brandon Lovo y Glen Slate, fue negado por el juez Sexto de Distrito Penal de Juicio, Ernesto Rodríguez, a pesar de los permisos con que cuentan, y de tratarse de un juicio público, según la legislación de Nicaragua.
“Entendemos que es una audiencia pública y por lo tanto no habría ninguna dificultad para entrar”, dijo la coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), por parte de la CIDH, Denise Cook.
¿De què se los acusa a los dos jóvenes?
¿De què se los acusa a los dos jóvenes?
El Ministerio Público acusó a los afrodescendientes por la muerte del periodista Ángel Gahona en la ciudad de Bluefields (Caribe sur), a pesar de que los testigos del suceso, vecinos y familiares de la víctima, han insistido en que el responsable fue un policía que se encontraba dentro de la alcaldía municipal, respaldados por al menos dos videos.
El ingreso al Complejo Judicial también fue impedido para la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, a pesar de que ella tiene un permiso especial para presenciar cualquier audiencia, en su calidad de exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.
“Los están incriminando por ser negros, y porque no tienen acceso a la justicia”, dijo Núñez a periodistas.
“Es injusto, deberíamos estar ahí para apoyar”, lamentó el tío de Slate, Floyd Slate.
Por su lado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indicó en una declaración que hasta esta fecha no han recibido de la Cancillería ninguna solicitud hecha por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o la CIDH para que se permita a sus funcionarios asistir a ninguna audiencia o juicio.
La Corte sostuvo que el acuerdo suscrito el 30 de mayo entre el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA establece que: “Las partes convienen que el Ministerio de Relaciones Exteriores será el canal permanente de comunicación del Estado nicaragüense con el GIEI”.
Por tanto, agregó, el juez de la causa explicó que en cumplimiento de la ley y de los acuerdos con la OEA, cualquier organismo internacional que desee participar en las audiencias o juicios debe canalizar su solicitud a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La CIDH ya ha advertido que Nicaragua vive una “tercera fase” de la represión gubernamental, “más ruda, más explícita y burocrática”, que es la “criminalización de manifestantes”, luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.
Asimismo y junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que el presidente Daniel Ortega ha negado.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, quien reconoce solo 198 muertos.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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