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miércoles, 27 de octubre de 2021

Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. "La pandemia se ha convertido en un desastre multidimensional ... con severo impacto en poblaciones indígenas y afrodecendiente"




Representantes inauguraron la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe coorganizada de forma virtual por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).


América Latina y el Caribe requiere nuevos pactos sociales y fiscales para construir sistemas de protección social universales, inclusivos, resilientes y sostenibles que permitan enfrentar la pandemia de COVID-19 y el contexto generalizado de desastres en la región.


En ello coincidieron representantes en la inauguración de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe coorganizada de forma virtual por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto al Gobierno de Antigua y Barbuda. (27 de octubre de 2021)

Apertura del evento

La cita regional fue inaugurada por Dean Jonas, Ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos y Economía Azul de Antigua y Barbuda; Javier May, Secretario de Bienestar de México; Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD; y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien posteriormente presentó el documento.


Nota: Para acceder al documento hacer click sobre el siguiente enlace


Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe.


“La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe nos presenta una oportunidad única para reflexionar honesta y críticamente y evaluar los progresos alcanzados en nuestros países y en la región en materia de protección social. No debemos dar por sentada esta oportunidad”, dijo el ministro Dean Jonas de Antigua y Barbuda.


El funcionario llamó a ser “proactivos e innovadores” para alcanzar una recuperación transformadora en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.


Durante su intervención, el ministro no solo alertó sobre la alta vulnerabilidad de los países del Caribe a los efectos del cambio climático, en un contexto de alto endeudamiento, sino también sobre el aumento generalizado de la inflación, con gran impacto en las poblaciones más desfavorecidas, advirtió.


Para enfrentar estos desafíos, se requiere fomentar un comercio estratégico entre los países de la región y transformar los sistemas de protección social para avanzar hacia sociedades más inclusivas e igualitarias, remarcó.


El Secretario de Bienestar Javier May también destacó la labor realizada por la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social desde la Tercera Reunión realizada en 2019 en Ciudad de México, ocasión en la que se aprobó la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARSDI).


El actual contexto de crisis, dijo, obliga a proponer nuevas políticas públicas de protección social, que incluyan métodos ágiles de reconstrucción de territorios y que estén centrados en la vida de las personas.


A su juicio, los países de la región deben revisar la ARSDI dado que “los nudos críticos del desarrollo social no son estáticos y tenemos la responsabilidad histórica de atender las causas de la pobreza, las emergencias sociales, la violencia, la marginación, el racismo y la injusticia”.


Un ejemplo del compromiso de su país con la cooperación regional para enfrentar estos retos es la creación de un fondo para la respuesta integral a desastres, formalizado el pasado 18 de septiembre durante la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya Presidencia pro tempore es ejercida por el Gobierno de México, explicó May, quien entregó la Presidencia de la Conferencia Regional al Ministro Dean Jonas de Antigua y Barbuda.

“En estos tiempos de elevada incertidumbre, la gobernanza efectiva es clave para el manejo de los riesgos. Esto requiere un nuevo contrato social que pueda manejar colectivamente los riesgos y con sistemas de protección sostenibles y universales para una economía más resiliente y equitativa, y que fomente la productividad”, Luis Felipe López-Calva, Subsecretario General Adjunto de la ONU y Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.


“La pandemia se ha convertido en un desastre multidimensional”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Iniciada como una emergencia sanitaria, rápidamente se transformó en la peor crisis económica de los últimos 100 años, con severos impactos sobre mujeres; niñas, niños, adolescentes y jóvenes; y poblaciones indígenas y afrodescendientes. Pero este no es el único motivo de alarma en la región, aclaró Bárcena.



“También lo son los desastres de origen geológico e hidrometeorológico y los efectos del cambio climático”, enfatizó.


La Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social se realiza en un contexto general de desastres, alertó la alta funcionaria internacional y mencionó las sequías que están teniendo consecuencias graves en el Corredor Seco Centroamericano, en la cuenca del Paraná o en el Cono Sur y la devastadora temporada de huracanes que ha azotado al Caribe, así como los continuos terremotos y erupciones volcánicas.


“Esta es una ocasión ideal para amplificar la voz del Caribe y sus especificidades, retos y lecciones aprendidas, situando a la subregión en el centro del desarrollo social de la región”, resaltó la máxima representante de la CEPAL.



“La pandemia se ha convertido en un desastre multidimensional. También lo son los desastres de origen geológico e hidrometeorológico y los efectos del cambio climático”,
Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.


Según Bárcena, el COVID-19 puso en primera línea la importancia de desarrollar sistemas de protección social universales, inclusivos, resilientes y sostenibles, para lograr una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Para ello, reiteró, deben llevarse adelante nuevos pactos sociales y fiscales.


Los pactos sociales deben estar orientados a promover la cultura de la igualdad y dar legitimidad a reformas estructurales y políticas transformadoras con enfoque de derechos, para alcanzar así una sociedad del cuidado, con cohesión y participación, como parte permanente de la cultura democrática, planteó.


Los contratos fiscales deben financiar una inversión social con sostenibilidad financiera, con políticas tributarias progresivas que permitan aumentar la recaudación proveniente de quienes concentran la mayor riqueza, apuntó.


“Es preciso que la región persista en los esfuerzos hacia una institucionalidad social robusta, la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social, la integración regional y la cooperación internacional”, concluyó Bárcena.


La Cuarta Reunión de la Conferencia Regional tendrá cuatro paneles que tratarán temas como desastres y protección social en el Caribe; propuestas para una reconstrucción transformadora, con resiliencia e inclusión; y oportunidades y desafíos institucionales hacia un sistema de protección social universal, integral, sostenible y resiliente.






Fuente: ACSUN ,CEPAL.

lunes, 28 de septiembre de 2020

CEPAL y UNFPA Llaman a reforzar el compromiso con los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes y redoblar esfuerzos en el combate al racismo y la discriminación





Llaman a reforzar el compromiso con los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes y redoblar esfuerzos en el combate al racismo y la discriminación


Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; Harold Robinson, Director Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, y Gerardo Zavaleta, Viceministro de Poblaciones Vulnerables del Perú, inauguraron hoy un diálogo virtual sobre los efectos del COVID-19 en las poblaciones afrodescendientes.



El pasado 21 de setiembre de2020, expertos de la región llamaron a reforzar el compromiso con los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes y redoblar los esfuerzos en el combate al racismo y la discriminación, durante un diálogo virtual organizado en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El evento Los efectos del COVID-19, fue una oportunidad para reafirmar la realización de los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes en el desarrollo sostenible, fue inaugurado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 

Harold Robinson, Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, y Gerardo Zavaleta, Viceministro de Poblaciones Vulnerables del Perú, en representación de la Presidencia de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. En el panel de discusión participó Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa Rica, junto a autoridades de gobierno, representantes de la academia y de la sociedad civil.

Durante su intervención, Alicia Bárcena subrayó la urgencia de poner los derechos humanos de las personas afrodescendientes en el centro de las políticas públicas de los países de la región. Instó también a que la crisis derivada de la pandemia se aproveche como una oportunidad para un cambio de paradigma, para sentar definitivamente las bases necesarias para implementar en la región un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y libre de racismo y discriminación.

Precisó que en la actualidad unos 134 millones de personas afrodescendientes viven en la región de América Latina, lo que representa el 21% de la población regional.

“Las personas afrodescendientes continúan rezagadas en la mayoría de los indicadores socioeconómicos y siguen siendo, junto con los pueblos indígenas, el segmento más persistente de la población de la región que vive en la pobreza, fruto de una historia de subyugación endémica y estructural, marginación, discriminación y racismo”, afirmó.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recordó que la presencia afrodescendiente en nuestro continente se remonta a más de cinco siglos, y que las tremendas secuelas de la esclavitud, que enriquecieron a las élites coloniales, no fueron subsanadas por su abolición ni por los estados-nación, sino por el contrario, se consolidaron, ubicando a las personas afrodescendientes en una posición de subordinación y de desventajas políticas, económicas y sociales.

Advirtió que si bien en los países de América Latina no se implementaron políticas de segregación racial como en los Estados Unidos, “la ideología del mestizaje impuesta en la primera mitad del siglo pasado condujo a invisibilizar la existencia afrodescendiente en varios países de la región, desconociendo el aporte de la cultura negra al desarrollo de nuestras naciones y negándoles el orgullo de su herencia en nuestras sociedades, ocultando y perpetuando así las desigualdades raciales y el racismo secular, que hoy, frente a la pandemia, literalmente mata”.

Destacó que las y los afrodescendientes han resistido y luchado permanentemente, logrando posicionar sus demandas históricas en las agendas internacionales, regionales y nacionales, principalmente en el presente siglo, y subrayó los progresos en el establecimiento de leyes y en la implementación de políticas tendientes a reparar la deuda histórica en los países de la región.

Finalmente, Alicia Bárcena llamó a redoblar esfuerzos para la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, instrumento regional que resume los compromisos cuyo cumplimiento contribuye de manera crucial a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás.

Harold Robinson, por su parte, advirtió que en la región hay un vacío importante en materia de datos desagregados por etnia y raza en la mayoría de los países, que dificulta conocer con amplitud los impactos que la pandemia tiene sobre la población afrodescendiente.

“Por ejemplo, en Brasil, el más reciente boletín epidemiológico indica que el 38,2% de contagios por COVID-19 corresponden a la población afrobrasileña mientras que para la población blanca este porcentaje es del 33,4%”, precisó.

Resaltó además la importancia de lograr una coordinación genuina entre los Estados, el Sistema de Naciones Unidas y la Sociedad Civil, en el marco del primer quinquenio del Decenio Internacional de las y los Afrodescendientes, a fin de realizar un balance de las acciones que hasta el momento han sido impulsadas, y reorientar las estrategias para acelerar la agenda de derechos de las personas afrodescendientes y la lucha contra el racismo y la discriminación racial.

“En el marco de nuestra Estrategia regional de no dejar a nadie atrás, como UNFPA nos comprometemos a poner nuestro mejor esfuerzo, recursos humanos y financieros, trabajando con todos ustedes, para acelerar este progreso”, afirmó.

El Viceministro de Poblaciones Vulnerables del Perú, Gerardo Zavaleta,
en tanto, subrayó que es indispensable que los gobiernos de la región pongan su empeño para garantizar que la población afrodescendiente tenga acceso en condiciones de igualdad a una vivienda adecuada, a servicios básicos como agua, electricidad, saneamiento; a nuevas tecnologías, a la salud, educación y empleo decente.

Asimismo, afirmó que reforzar el compromiso con el Consenso de Montevideo y otros instrumentos internacionales debe ser un imperativo indubitable en la región, muy especialmente en el escenario de la crisis sanitaria.

“Además de la búsqueda de la igualdad y la inclusión social de las poblaciones afrodescendientes, nuestras acciones deben encaminarse decididamente a la lucha contra el racismo y la xenofobia”, expresó.

El encuentro realizado fue el segundo de una serie de diálogos virtuales que se realizan con el fin de analizar el escenario sociodemográfico de los países de la región en el marco de la crisis del COVID-19 y sus posibles impactos –en el corto, mediano y largo plazo– en grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad, a la luz de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.





Fuente: ACSUN, Onu.