jueves, 4 de abril de 2019

A 23 años de la Muerte de Delfin Acosta desde Uruguay tambièn pedimos justicia



Desde ACSUN Uruguay Negro, invitamos a difundir esta publicaciòn para exterminar los silencios y unir nuestras voces.

Recordamos en los primeros tiempos de denuncia cuando nuestro Presidenta Amanda Rorra recibio en nuestrs sede social a AngelAcosta Martinez donde nos interiorizamos de la causa judicial.

Se cumplen 23 años de la muerte de un afrodescendiente que la CIDH estudia como asesinato



A 23 años de la muerte de un joven afrodescendiente en una comisaría, el caso continúa en estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), mientras que expertos de la ONU, que visitaron Argentina el mes pasado para dar cuenta de la situación de las personas de ascendencia africana en la Argentina, lo citaron como un caso de "violencia (policial) letal".


El Estado argentino podría ser responsabilizado por esa muerte ocurrida en una comisaría en 1996, de la cual mañana se cumplen 23 años.



"El uso de la fuerza en forma desproporcionada contra los afrodescendientes puede resultar en una violencia letal. Esta fue la historia de José Delfín Acosta Martínez, que murió el 5 de abril de 1996 mientras estaba bajo custodia policial"
, dice el informe preliminar del Grupo de Trabajo de Expertos en Afrodescendientes de la ONU que visitó Argentina el mes pasado.

Asi expresaba su indignaciòn el denunciante

Para su hermano Ángel Acosta Martínez, "fue un caso de discriminación, persecución racial y tortura seguida de muerte" y el cese de la impunidad permitiría "evitar otros casos como el de Massar Ba", el defensor de los derechos humanos senegalés asesinado en la calle por desconocidos en 2016 cuya muerte "preocupa" también a la ONU.

"Mi hermano era un activista negro que salió en defensa de dos chicos que eran arrestados por el color de piel. Lo detienen y le dan una paliza que le provoca la muerte", dijo a Télam.

Instancias donde se presento la denuncia

Agotadas las instancias locales de apelación tras un primer cierre de la causa apenas 20 días después del hecho, la familia denunció en 2002 al Estado ante la CIDH por considerar que se violó el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, al trato igualitario y a las garantías judiciales.


La petición fue admitida por este tribunal internacional en julio de 2013.


"La CIDH pidió una solución amistosa, pero el Estado nunca respondió a nuestra propuesta que incluye llevar a juicio a los responsables; y entonces el caso pasará a la Corte Interamericana, que lo va a condenar", dijo.


El activista por los derechos de los afrodescendientes, cantautor y difusor del candombe José Acosta Martínez tenía 32 años cuando murió en la ambulancia que lo transportaba al hospital Ramos Mejía desde la Comisaría 5º, donde había estado detenido una hora y media, tras ser arrestado en la puerta de un bar del barrio porteño de San Nicolás.

Según la versión oficial relatada en el informe de la CIDH al que tuvo acceso Télam, José fue detenido por "ebriedad" y "desórdenes" y la muerte sobrevino por una descompensación provocada "por el consumo de gran cantidad de alcohol y cocaína".


Muy diferente es la relación de los hechos que sostiene la familia, según la cual José no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia cuando intercedió en defensa de un ciudadano afrobrasileño que estaba siendo detenido arbitrariamente; lo que le valió ser arrestado también.


"Dos amigos que se quedaron afuera de la comisaría escucharon desde ahí los gritos desgarradores de mi hermano", contó Acosta a quien pudo ver que el cuerpo presentaba "numerosas marcas de golpes".


Se realizaron dos autopsias con resultados contrapuestos: la primera concluyó que la causa de la muerte fue la ingesta y que ninguna de las lesiones que presentaba el cuerpo eran letales; pero la segunda encontró que cualquiera de esos golpes pudo provocarle la muerte y que no podría habérselos causado él mismo.


"Los tres forenses concluyen que si hubiera tenido en el cuerpo la cantidad de alcohol y cocaína en sangre que dice el informe toxicológico, estaría en coma en el momento del arresto, no defendiendo los derechos de nadie", dijo.




A partir de esta segunda autopsia, la familia logró la reapertura de la causa en 1998, que fue vuelta a cerrar 15 meses después por el mismo Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº10.




"Queremos que vayan presos los asesinos, los cómplices y los encubridores. Y con esto se sentaría un precedente que permitiría no sólo demostrar que Argentina es racista sino la existencia de afroargentinos que están aquí desde antes de la Independencia", dijo





Fuente: ACSUN, Lic. Javier Dìaz, Telan

No hay comentarios: