La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la desaparición y posterior asesinato e incineración de cuantro afrodescendientes adolescentes en Ecuador

 

CIDH condena en el día de ayer (22 de enero de 2025), la desaparición y posterior asesinato de un niño y tres adolescentes afrodescendientes en Ecuador, 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la desaparición y posterior asesinato e incineración de los cuerpos del niño Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años, en Guayaquil, Ecuador.

El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas.

Steven, Josué, Ismael y Saúl fueron víctimas de desaparición y asesinato; luego, sus cadáveres fueron destruidos, presuntamente, con el fin de eliminar evidencias y buscar impunidad en el caso. Los repudiables hechos comenzaron el 8 de diciembre de 2024, cuando se denunció la desaparición de los adolescentes y el niño en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil, luego de un partido de fútbol. Según información oficial, fueron detenidos por personal militar en las cercanías del Mall del Sur y subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas. Esa noche, Ismael pudo comunicarse con su padre, a quien indicó que habían sido acusados de robo y detenidos por militares. Desde entonces, se encontraban desaparecidos. El 24 de diciembre, la Policía Nacional encontró los 4 cadáveres del niño y los adolescentes, incinerados y con signos de tortura, en una zona de manglar cercana a la base de las Fuerzas Armadas en Taura.

El 25 de diciembre, una jueza de niñez y adolescencia de Guayaquil, mediante un hábeas corpus, declaró la desaparición forzada; ordenó la investigación y conminó al Ministerio de la Defensa a disculparse por los hechos. 

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició diligencias de investigación contra 16 militares, quienes fueron enviados a prisión preventiva por el delito de desaparición forzada; a la vez, la Asamblea Nacional abrió investigaciones parlamentarias.

El Ministerio de la Defensa Nacional inició procedimientos internos, incluso disciplinarios; puso a disposición de la justicia los 16 presuntos implicados y manifestó que colaborará con la justicia penal. Sin embargo, se tuvo noticia que apeló la decisión de hábeas corpus, argumentando que la declaración de desaparición forzada correspondía a la justicia penal. Sumado a ello, el Ministerio de Defensa, tras emitir disculpas públicas por orden de la jueza, anunció que buscará una sanción contra ella, por considerar que su actuación dio paso a una "persecución política"; a la vez, criticó la "narrativa de derechos humanos" contra las fuerzas armadas con supuestos fines políticos. La CIDH reconoce la decisión de la jueza que concedió el hábeas corpus como una medida destinada a la búsqueda urgente de los desaparecidos. Razón por la cual expresa su preocupación por las declaraciones del Ministerio de Defensa, que pueden amenazar la independencia judicial e inhibir la labor de defensa de derechos humanos en el país, en un contexto de clamor social de justicia y no repetición de los hechos.

El Estado transmitió a la CIDH su compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos. 

En particular, informó sobre los distintos esfuerzos de localización realizados por las instituciones públicas para la búsqueda de los desaparecidos; la identificación de los cuerpos; las medidas para garantizar la presencia de los presuntos implicados en el proceso penal; y las diversas acciones para cooperar con la justicia penal.

La CIDH subraya la importancia de que el Estado redoble sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las familias y comunidades mediante la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los hechos, incluyendo medidas para que no vuelvan a ocurrir casos similares. Se debe indagar la responsabilidad de agentes estatales y examinar las circunstancias de los asesinatos, incluyendo la investigación de la posible comisión de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En el estudio del caso, se debe tomar en cuenta la edad; el origen étnico-racial; la situación socioeconómica de las víctimas; así como los vejámenes causados a sus cuerpos, que merecen ser tratados con respeto. Asimismo, se llama a Ecuador a garantizar la seguridad de las familias; brindarles acompañamiento psicosocial y asegurar reparaciones adecuadas.

En el marco de la lucha contra el crimen organizado, el Estado debe adoptar medidas urgentes para asegurar que todas las políticas de seguridad interna tengan un enfoque de derechos humanos, que incluya priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes afrodescendientes contra la violencia institucional, estructural y el perfilamiento racial. 

En ese marco, al implementar medidas de seguridad ciudadana, el Estado debe cumplir su obligación reforzada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, dado su especial situación de vulnerabilidad y la relación de subordinación en que se encuentran. Esta se intensifica en el caso de adolescentes, quienes enfrentan estigmas asociados a su etapa de desarrollo que pueden influir en su trato.

Finalmente, no escapa de la atención de la CIDH el esfuerzo que ha hecho en materia de seguridad en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, por la crisis de seguridad causada por grupos del crimen organizado. El uso de los estados de excepción que autorizan a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, debe ser extraordinario y cumplir con los estándares interamericanos; en particular, aquellos que establecen que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana, deben estar primariamente reservadas a los cuerpos policiales civiles, toda vez que las fuerzas armadas reciben entrenamientos dirigidos a "derrotar al enemigo", y no a la protección y control de civiles.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 015/25

Fuente: ACSUN, cidh