Nota, en la imagen Sonia María de Jesús. Fuente: rel-uita
El trabajo infantil en todo el contienente americano estaba naturalizado, principalmente hacia personas racializadas
La esclavitud contemporánea es una herida de Brasil, que tiene sus orígenes históricos en la propia esclavitud racial.
Brasil fue el último país del continente americano en abolir la esclavitud, ya a principios del siglo XX. Esto condujo a una proliferación del trabajo gratuito, pero no calificado, en la sociedad.
La Antigua República llegó con una población pobre, con niveles bajos de alfabetización, que vivía al día, pagada por horas o por producción (y, por tanto, trabajando sin límite de horas), sin legislación laboral regulada, sin protección social adecuada, dirigida política e ideológicamente por el élite económica, sin representación legislativa.
Sonia María de Jesús es una mujer, afrodescendientes, pobre, y presuntamente fue reclutada cuando tenía 9 años para trabajar como empleada doméstica.
Sônia, rescatada por las inspecciones del trabajo y la Policía Federal el 6 de junio de 2023, a la edad de 50 años, era analfabeta. Apenas sabía expresarse, lo que dificultó enormemente que los auditores fiscales y miembros del Ministerio Público del Trabajo tomaran su testimonio. Sorda, ni siquiera recibió educación en lengua de signos. No recibió derechos laborales. En consecuencia, no tenía cobertura de seguridad social. No tenía seguro médico. Vivió una vida sin perspectiva. Ella era sólo una criada, negra, en una familia blanca.
El imputado, Jorge Luiz de Borba, es catarinense, blanco, de familia tradicional de ese Estado. Su padre era un famoso abogado y ocupó el cargo de juez del TJ-SC, integrándose a la reserva jurídica de la quinta abogacía. Incluso llegó a ser presidente del tribunal. Borba, aprovechando todas las oportunidades posibles, siguió la carrera de su padre. Fue abogado del mismo despacho, y también ocupó el cargo de juez del mismo TJ-SC, también por la misma quinta de la OAB. Familia influyente, por tanto. Paradójicamente, el juez tiene un posgrado en derecho laboral.
La inspección ya tenía noticias de la situación de esclavitud similar de la víctima desde 2022. La posibilidad del hecho surgió el 6 de junio de 2023, en un grupo de trabajo integrado por interventores, miembros del MPT y agentes de la PF. Todos los que estaban ahí fueron testigos de la situación de la víctima. La criada fue llevada a un refugio, emitiendo gruñidos y pintando dibujos de niños. La Defensoría Pública Federal se hizo cargo del caso. Ese mismo día y en los días siguientes los hechos recibieron cobertura periodística.
Nota en la imagen, Magdalena Gordiano. Mujer afrobrasileña mantenida en situación de esclavitud.
Cuando tenía 8 años, Madalena Gordiano llamó para pedir comida a la puerta de la familia Rigueira. Durante décadas trabajó para ellos en condiciones de esclavitud.
El 27 de noviembre de 2020, el inspector de trabajo Humberto Monteiro Camasmie y su equipo se dirigieron hacia una vivienda privada con una orden judicial de registro, aunque Camasmie suele estar más bien cargo de empresas y granjas, coordinando la lucha contra el trabajo esclavo en el estado brasileño de Minas Gerais. Pero esta ocasión era diferente. Unos vecinos de un profesor universitario de la ciudad de Patos de Minas habían reportado algo extraño en el comportamiento de su empleada. "Les llamaba la atención el miedo de Madalena cuando su empleador la veía hablando con otras personas. Cuando la mujer comenzó a deslizar notas a los vecinos pidiendo artículos higiénicos y pequeñas cantidades de dinero, vieron confirmadas sus sospechas", dijo Camasmie a DW.
Una vez en la casa, todo salió a la luz. Los vecinos tenían razón. Madalena Gordiano no tenía papeles de trabajo, ni un salario de verdad, ni tenía horarios fijos, ni días feriados o vacaciones. En la amplia vivienda de Dalton César Milagres Rigueira y su familia, Madalena habitaba en una pequeña habitación de pocos metros cuadrados. "Mi dormitorio no era realmente bonito", recuerda hoy la afrobrasileña. Seis semanas después de su liberación, Gordiano reside en un albergue donde recibe apoyo social y psicológico. Tiene 46 años y relata que acaba de volver del médico, porque la espalda le duele desde hace tiempo y debe ponerse al día con las vacunas correspondientes. Pero eso no es lo único que Gordiano ha descuidado durante su vida de trabajo esclavo. También tiene que aprender a sacar dinero y a manejar un celular.
Precisamente era esta dependencia la que impedía rebelarse a Gordiano: "Yo sabía que algo no estaba bien, pero tenía miedo y tampoco sabía cómo poner una denuncia en la Policía", dice la mujer. Y la familia Rigueira se aprovechó de su indefensión. La historia de Gordiano puede reconstruirse a partir de las investigaciones de los inspectores y de las propias declaraciones de la mujer. Al parecer, la muchacha, que procedía de un entorno muy pobre, llamó a la puerta de la familia Rigueira para pedir comida. La madre de la familia le dijo a los progenitores que la pequeña podía quedarse a vivir con ellos, prometiendo adoptarla. Los padres se alegraron de tener una boca menos que alimentar y dejaron a su hija bajo custodia de los Rigueira. El contacto con la pequeña se hizo esporádico y después se rompió del todo.
Los Rigueira sacaron inmediatamente a la niña de la escuela para que se ocupara de lavar, limpiar y ordenar la casa y cocinar. "Dijeron que ya era lo suficientemente mayor para trabajar", recuerda Gordiano. Nunca la adoptaron legalmente. A principios de la década de 2000, la joven fue "dada" a Dalton Rigueira, uno de los hijos de la familia, que tenía su propia casa con su esposa y un hijo. Y hay otra cosa que cambió en su vida. Contrajo matrimonio –al menos sobre el papel– con un pariente de los Rigueira, un hombre de 78 años, que murió dos años después. Pero no es ella quien recibió la pensión de viudedad que legalmente le correspondía, sino Dalton Rigueira. "El matrimonio fue legal, ya que en aquel momento Madalena dio su consentimiento. Pero está claro que los Rigueira tramaron todo con el propósito de enriquecerse", dice Camasmie convencido.
Dalton Rigueira, que ya fue despedido de su puesto en la Universidad, aseguró en todo momento que Giordano era como una hermana para él, que nunca la obligó a nada y que siempre le dio el dinero que le correspondía. Pero Camasmie lo cree muy improbable.
Ahora se vislumbran varios años de cárcel para algunos miembros de la familia, cuyos abogados critican la "prematura e irresponsable" salida a la luz de sus datos personales. Para Humberto Camasmie, la atención pública que el caso de Madalena Gordiano ha recibido ya ha logrado algo bueno: "Solo en Minas Gerais hemos recibido desde entonces pistas de cinco casos similares. Y este año habrá más controles en viviendas privadas". Por su parte, Madalena Gordiano prefiere mirar hacia adelante. "Sencillamente quiero distanciarme de estas personas. Quiero ir a la escuela y viajar. Tener mi propia casa sería bonito".
En el año 2021, se había denunciado el caso de la análoga de esclavitud contemporanea, Madalena Gordeano, mujer afrodescendiente , pobre y empleada doméstica en casa de un matrimonio en Minas Gerais. Madalena llevaba 38 años sin derechos laborales y sin una vida plena. Ni siquiera había caminado nunca en un parque.
En abril de 2023, el Juzgado 2º del Trabajo. La Región (SP) juzgó un caso muy similar. En este caso, una pareja de SP mantuvo a una trabajadora doméstica durante 33 años en condiciones similares a la esclavitud. La criada nunca recibió salario, vacaciones, salario y todos los demás derechos laborales. Trabajaba desde que me levantaba (6 a. m.) hasta la hora de acostarme (11 p. m.).
En el proceso, que fue consultado libremente por la comunidad jurídica, como suele suceder, la defensa había esgrimido los siguientes argumentos: que la pareja “ mantenía estrechos vínculos familiares con la empleada ”, que ella era “ casi parte de la familia ”, y que los empleadores “ le habían proporcionado un ambiente familiar y acogedor durante años ”
Al día siguiente de la inspección y del rescate de Sônia, el juez Jorge Borba emitió una nota pública negando las acusaciones, afirmando “ que la 'mujer' fue acogida por su familia y que la situación alegada es un acto de amor, destacando que siempre la trataron' mujer' como miembro de la familia, proporcionándole un ambiente acogedor ” .
El TJ-SC también difundió una nota señalando que el juez había brindado aclaraciones al órgano especial del tribunal, " reiterando lo que afirmó, en nota pública, en el sentido de que la 'niña' en referencia, sordomuda y con deterioro cognitivo , fue acogida por su familia, siendo joven, hace más de 30 años " .
La relación laboral no fue negada en ninguna de las notas.
La situación de la “mujer” o “niña”, que tiene nombre y se llama Sônia, fue puesta a disposición de la justicia y el caso fue tratado como secreto judicial. La regla del ordenamiento jurídico es que el proceso es público. La transparencia es la práctica. Sólo se tramita en secreto lo que la ley expresamente autoriza: procesos que versan sobre matrimonio, paternidad, manutención o custodia, o arbitraje (situaciones objetivas), o en los que el interés público o social así lo exige, o que contengan datos protegidos por el derecho constitucional. a la intimidad (CPC, art. 189). Estas dos últimas hipótesis son más subjetivas, pero el hecho de que el sujeto supuestamente mantenga a una empleada doméstica en condiciones similares a las de la esclavitud no justifica el interés público o social en decretar el secreto (sino todo lo contrario), ni lo dice con datos relativos a intimidad, ni la víctima, ni el agente. Y todas las situaciones son excepciones y deben interpretarse de manera restrictiva. En el ámbito penal, la norma es aún más restrictiva, permitiendo únicamente que el proceso se lleve a cabo en secreto para evitar exponer a la víctima (repito: la víctima) a los medios de comunicación (CPP, art. 201, §6).
El caso llegó al STJ, en HC. En dependencia del ministro Campbell Marques, el citado juez dictó sentencia de amparo a favor del imputado, autorizando el regreso de la víctima a su residencia. Como fue ampliamente difundido, la decisión aportó los siguientes motivos: “ la presunta víctima del delito vivía como si fuera un miembro de la familia ”, y que le correspondería a Sônia, “ como una persona más grande y capaz, y no la Estado, para elegir si regresar o no ” . Se señala que el recurso valoró la cuestión sólo desde una perspectiva penal y, aun así, debería proteger la situación de la víctima, y no la del agente señalado.
La DPU apeló a favor de la víctima ante el STF. Y el caso recayó en el relator de André Mendonça , quien mantuvo la orden judicial de Campbell Marques por el mismo motivo, y también amonestó al inspector fiscal que dirigió la inspección, ordenando la apertura de una investigación penal y administrativa contra él por haber concedido una entrevista. a Fantástico , supuestamente revelando información sobre el proceso “confidencial”, cuando el interventor dio una entrevista sobre los hechos que presenció en el ejercicio de sus funciones, en relación con su profesión, y no sobre ningún proceso.
Relaciones de poder entre seudo empleadores y personas esclavizadas
Las relaciones jurídico-laborales ilegales no se esconden en la capacidad civil ni en aparentes conexiones afectivas. Uno, que la persona reducida a una condición análoga a la de esclavo no tiene plena capacidad. Los esclavos no se gobiernan a sí mismos. Se somete a esa situación por el bien de la supervivencia, y no porque “tenga la opción”. No hay dignidad en una situación de esclavitud, considerando el poder de decisión. En realidad, la víctima en cuestión es una persona con discapacidad (sorda y muda), sin conocimientos de lengua de señas y que no ha recibido educación formal. Y, según la nota del TJ-SC, incluso tiene un déficit cognitivo. Por lo tanto, ni siquiera tendría plena capacidad de ninguna manera.
Segundo, esa charla de justificar la falta laboral más grave del sistema con sentimientos de amor y caridad es más antigua que seguir adelante, como dice el refrán popular. Quienes forman parte de los órganos reguladores laborales (Justicia del Trabajo, inspección del trabajo y Ministerio Público del Trabajo) saben que este tipo de justificaciones son recurrentes y no tienen valor jurídico, porque la relación laboral no se elimina con el discurso del trato que se les da. el trabajador. Lo que se observa, rutinaria y diariamente, es que la llamada “persona de la familia” es la que limpia los baños, barre y trapea la casa, hace la comida y de lo contrario le quita la vida el trabajo, sin derechos. , sin educación y sin realización.
En el caso en cuestión, vale la pena repetirlo: la relación laboral no fue negada, y Sônia, que llegó a la residencia a los 9 años, permanece en las mismas condiciones que una empleada doméstica, dependiente e incapacitada a los 50 años. Desde la defensa incluso es comprensible, pero tener este tipo de argumentos en decisiones judiciales, especialmente de instancias superiores, es muy falto de sensibilidad.
El delito laboral es claro, es objetivo y persiste independientemente de que exista o no dolo en el ámbito penal. También era necesario evaluar el caso desde una perspectiva laboral. Al contrario, fue descuidado en este campo. De hecho, en esta materia, sería una buena idea prever, directamente en el derecho laboral, la figura típica del trabajo en condición análoga a la esclavitud, con el fin de separar la tipicidad laboral de la penal y, en consecuencia, eliminar la tesis defendida por algunos, que los elementos criminales causan inseguridad jurídica; una falsa excusa ultraliberal para perpetuar comportamientos que desconocen el Derecho Laboral. El poder económico siempre busca reducir la ilegalidad laboral desconfigurando el delito, cuando uno no tiene nada que ver con el otro.
El caso en cuestión demuestra la gravedad de la situación jurídica y social en la que se encuentra el país, en estos tiempos ultraliberales, donde, además de los políticos, magistrados claramente sin formación en derecho laboral ocupan escaños en los tribunales superiores, debiendo tratar asuntos que parecen albergar un claro desprecio. Una vez más, es necesario que haya multidisciplinariedad en estos tribunales, por el bien de la sociedad brasileña. Hay una constitución que valora el trabajo y determina la construcción de una sociedad justa y solidaria. Necesitamos superar este ciclo. Y rápido.
Desde 2017 al 2023, 101 trabajadoras domésticas han sido rescatadas de condiciones similares a la esclavitud en Brasil.
Bahía, Minas Gerais y São Paulo son los estados donde más personas fueron liberadas. Después de 72 años realizando trabajos domésticos para una familia en Río de Janeiro, sin remuneración alguna, una mujer fue rescatada por la Auditoría Tributaria del Trabajo de Río, con participación del Ministerio Público del Trabajo (MPT), el 15 de marzo de 2022. Según el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), este es el caso de explotación de una persona en condición similar a la esclavitud de mayor duración, desde que el delito comenzó a ser monitoreado en 1995.
Cuando fue rescatada, la anciana dormía en un sofá improvisado en una habitación en la parte trasera de la casa. Su función en ese momento era trabajar como cuidadora para su empleador, quien la había esclavizado durante toda su vida. En total, tres generaciones de la familia se beneficiaron del trabajo no remunerado del trabajador. El caso del trabajador de 84 años rescatado en Río de Janeiro no es una excepción. De enero de 2017 a agosto de 2023, 101 trabajadoras domésticas fueron rescatadas de situaciones similares a la esclavitud. Esto es lo que revela una encuesta realizada por Brasil de Fato con base en la Ley de Acceso a la Información (LAI), utilizando datos del MTE .
El ministerio explicó que 2017 es el año que marca el inicio del registro de datos sobre rescate de trabajadoras domésticas en situaciones similares a la esclavitud por parte de la Secretaría de Inspección del Trabajo, del MTE.
Según la encuesta, en 2017 dos trabajadoras domésticas en condiciones similares a la esclavitud fueron rescatadas en Brasil. En los tres años siguientes, 2018 (2), 2019 (5) y 2020 (3), se mantuvo el patrón. Sin embargo, en 2021 (31), 2022 (34) y hasta agosto de 2023 (24) hubo un crecimiento exponencial. Este hecho no sorprende a Luiza Batista, coordinadora general de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar (Fenatrad), quien cree que "todavía hay mucho subregistro".
"Este tema de los números no es un número exacto y real, porque la residencia es inviolable, según la Constitución, pero esto es relativo. A los que tienen dinero se les respeta la residencia, cosa que no ocurre en las afueras. Cuando se recibe una denuncia "Los sindicatos no pueden ir al lugar de trabajo de las trabajadoras del hogar, ni siquiera los inspectores fiscales pueden ir sin una orden judicial, con base en estos argumentos, estas dificultades, estos 101 trabajadores rescatados ciertamente no corresponden a la realidad, debe haber muchos más casos", explica Batista. .
En septiembre de este año, 10 personas fueron liberadas de condiciones de trabajo doméstico análogas a la esclavitud, luego de un operativo conjunto del MTE, MPT, Ministerio Público Federal (MPF), Defensoría Pública Federal (DPU), Policía Federal (PF) y Policía de Carreteras. Federal (PRF).
Estas 10 personas no están en la encuesta realizada por Brasil de Fato . Con este caso, el número de personas rescatadas en 2023 llega a 34 e iguala al año anterior, 2022, como los periodos con más liberaciones de trabajadoras del hogar de situaciones similares a la esclavitud.
Entre los estados, Bahía es el estado donde más trabajadoras domésticas fueron rescatadas, 28 en total. Le siguen São Paulo (23) y Minas Gerais (12). Río de Janeiro (8) y Goiás (5) cierran la lista.
Luiza Batista atribuye el aumento de los datos a las campañas de sensibilización de la población , que alientan las denuncias sobre trabajo esclavo, y a los avances en la regularización de la profesión."En cuanto a las condiciones de trabajo, era necesario un mayor rigor legal con los empresarios que no las respetan, que no firman un contrato, que no pagan el salario correcto y las horas extras. Sabemos que todo esto está relacionado con la inviolabilidad de ¿Han mejorado las condiciones? Sí, pero ¿pueden mejorar más?”, dice Batista.
En 2023, la Enmienda Constitucional nº 72, conocida como PEC das Domésticas, cumplió 10 años. La legislación representó un hito importante para la profesión, ya que estos trabajadores ahora tenían derecho a beneficios como horas de trabajo reguladas, horas extras remuneradas, pago por turnos de noche y seguro de desempleo.
A pesar de la ley, explica Batista, "la mayoría de las denuncias las hacen terceros, de forma anónima". Esto se debe a que "la mayoría de estas personas rescatadas son analfabetas y el resto semianalfabetas; desconocen los canales de denuncia y tienen grandes dificultades para comunicarse. Se necesitan muchos años para que estas mujeres reconozcan que la condición en la que viven es la esclavitud". "
Durante estos 10 años de vigencia de la reforma constitucional, la informalidad sigue siendo el principal factor que impide la universalización de derechos. Según datos de la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD), encuesta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el 76% de los profesionales no tiene contrato formal, es decir, 3 de cada 4 profesionales desempeñan tareas domésticas. actividades sin tener acceso a protección social y otros derechos laborales.
El MTE informó que los datos no están organizados por género. Por tanto, no es posible saber si los casos de rescate son trabajadores o trabajadoras. Sin embargo, según la PNAD, las mujeres constituyen la mayoría de la categoría, ocupando el 92% de las vacantes de trabajo doméstico en Brasil.
Fuente: ACSUN, jus,brasildefato,dw
