En el día de ayer (17 de octubre de 2024), con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados de la región para que implementen políticas económicas y fiscales basadas en un enfoque de derechos humanos, con el fin de erradicar la pobreza y combatir la desigualdad en todas sus formas y dimensiones.
En el marco de la creciente preocupación por el aumento de la desigualdad en la región, la REDESCA destaca que, aunque algunos países han logrado reducir la pobreza, la desigualdad ha persistido e incluso se ha exacerbado en algunos contextos. Esta preocupante desconexión entre las políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza y las necesariaspara abordar las profundas brechas socioeconómicas afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.
La REDESCA ha constatado que el disfrute de los derechos humanos, indivisibles e interdependientes, está intrínsecamente vinculado a la dignidad inherente de cada persona. Sin embargo, tal como ha expresado la Comisión, la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad material siguen siendo factores que transversalmente obstaculizan la plena garantía de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Esta situación se agrava por la confluencia de factores de discriminación y vulnerabilidad histórica, que impactan de manera desproporcionada a grupos como los pueblos indígenas, personas afrodescendientes, poblaciones rurales, mujeres, personas en situación de movilidad humana, personas LGBTI, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, y personas con discapacidad, entre otros.
REDESCA advierte que la región sigue enfrentando serios desafíos estructurales, como el bajo crecimiento económico, el endeudamiento, el aumento del desempleo y la inflación, agravados por los impactos cada vez más evidentes de la emergencia climática. Esta situación plantea serios obstáculos para combatir de manera efectiva la pobreza y la desigualdad. A modo de ejemplo, se estima que alrededor de 5,8 millones de personas en la región caerán en la pobreza extrema para el año 2030, en gran medida como consecuencia de la crisis climática.
La implementación de políticas económicas y fiscales efectivas, con un enfoque de derechos humanos, es fundamental para fortalecer los procesos democráticos y financiar las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este sentido, la REDESCA hace un llamado a transformar los paradigmas actuales de las políticas económicas y fiscales, alineándolos con los compromisos establecidos en la Carta de la OEA, con el fin de avanzar hacia un desarrollo inclusivo y equitativo.
La REDESCA insta a los Estados de la región a implementar políticas económicas y fiscales integrales con un enfoque de desarrollo sostenible, para combatir de manera efectiva la pobreza y la desigualdad. En este contexto, ha invitado a los Estados de la región a ser parte del proyecto "Políticas públicas para combatir la Pobreza y estándares interamericanos para garantizar los Derechos Humanos en las Américas" que comenzará en 2025. Este proyecto, liderado por REDESCA, busca desarrollar estándares concretos para el diseño e implementación de políticas públicas inclusivas y equitativas, basadas en un análisis comparativo de buenas prácticas y alineadas con los estándares interamericanos de derechos humanos.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
Fuente: ACSUN, oea.
