Paraguay estudiará la tipificación de los delitos de odio contra los colectivos de afrodescendientes

Paraguay estudiará la tipificación de los delitos de odio contra los colectivos de afrodescendientes, una nueva normativa que permitiría por primera vez aplicar penas de hasta cinco años de prisión a las personas que atenten contra sus derechos individuales por motivos raciales o étnicos.

Se trata de uno de los puntos más importantes del anteproyecto de ley para reconocer a la población afrodescendiente como una minoría étnica, que será presentado a finales de octubre en el Congreso Nacional después de periodo de cerca de cinco años de desarrollo.

El documento pasó este martes por una fase de audiencia pública, en la que se han ultimado los detalles de un texto que reconoce que el colectivo ha sido "históricamente víctima del racismo, de la discriminación y la estigmatización desde el tiempo de la esclavitud".

"Yo pasé discriminación en la Facultad de Derecho y no tenía ninguna herramienta para denunciar esa discriminación", explicó a Efe Guido Medina, miembro de la etnia Kamba Kua y uno de los impulsores del proyecto, que calificó la jornada de hoy como un "día histórico".

El anteproyecto también contempla condenas de hasta cuatro años de cárcel para los que fomenten ideas basadas en la superioridad o el odio racial y de hasta tres años para quienes participen en organizaciones que promuevan el racismo.

Más allá de las medidas punitivas, la norma también facilitará la inclusión social de los descendientes de africanos en Paraguay, con medidas como promover su acceso a los organismos de la función pública en un porcentaje del 1 % de la plantilla.

Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que admite la presencia histórica de los esclavos africanos en Paraguay desde el periodo colonial, una realidad que se evitó durante años de los planes de enseñanza.

"Paraguay no escapó como colonia española a la esclavitud. Había esclavos, no era un país esclavista como otros países pero sí que tuvo esclavos durante toda la colonia que participaron en el proceso de construcción de Paraguay como Nación", señaló a Efe Luz Zaldívar, titular de la Dirección de Formación y Divulgación de la Diversidad Cultural.

En ese sentido, el documento recuerda que, por ejemplo, en 1782 el 11,3 % de la población de Paraguay era afrodescendiente, de los cuales más de un tercio correspondía a personas esclavas.

El anteproyecto de ley también reconoce la presencia de los descendientes de africanos tanto en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) como en la construcción de algunos edificios emblemáticos del país como el Palacio de Gobierno o el Panteón de los Héroes de Asunción.

"La historia avala la participación misma en la construcción de las grandes obras de infraestructura en los periodos comprendidos entre Carlos Antonio López y Francisco Solano López fue mano esclava", agregó Zaldívar.

Para garantizar que todos estos acontecimientos históricos sean recordados, la ley obligará al Ministerio de Educación a coordinar acciones que "incorporen el legado de las comunidades afroparaguayas en la historia, su participación y aportes en la conformación de la nación".

En la redacción del anteproyecto solo han quedado algunos flecos pendientes como el establecimiento de un resarcimiento económico para los colectivos de afrodescendientes en el que no se ha llegado a un consenso.

Los impulsores confían en que los grupos parlamentarios apoyen la iniciativa en el Congreso, después de recibir el visto bueno de algunos senadores del gobernante Partido Colorado (conservador), el opositor Partido Liberal y la concertación de izquierda Frente Guasu, las tres formaciones más importantes del país.

El presidente del Congreso, Blas Llano, se sumó este martes a la audiencia pública para mostrar su "predisposición para acompañar en todo lo que sea posible" el anteproyecto.

"Acá tienen un voluntario para firmar el proyecto de ley", agregó el senador liberal.

A pesar de que no se ha contabilizado la cifra exacta de afrodescendientes en Paraguay, desde el Gobierno calculan que puede haber cerca de 11.000, mientras que las comunidades elevan el dato hasta los 25.000.

Fuente: ACSUN, Lic. Javier, Efe.