Autor de la foto: El tiempo.
Un informe de Amnistía Internacional (AI) y Haitian Bridge Alliance (HBA) publicado el pasado jueves 28 de ovtubre acredita que “varios Estados de la región (América) no están brindando seguridad a las personas haitianas frente a una serie de violaciones de Derechos Humanos”.
En la investigación, ambos organismos critican especialmente a las autoridades de México, Estados Unidos y Chile por su gestión migratoria. Los haitianos no son protegidos en ninguno de estos países.
A los peligros del camino y a las trabas legales que se encuentran para regularizar su situación, se suma el racismo con el que, según el informe, muchas veces son recibidos en las naciones de acogida.
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Solo entre el 19 de septiembre y el 19 de octubrede 2021, alrededor de 10.800 personas fueron deportadas de vuelta a Haití, según la Organización Internacional para las Migraciones. Un 16,5% eran menores de edad.
La mayoría de devoluciones se han producido desde Estados Unidos, en algunas ocasiones “mediante fuerza excesiva”, denuncian los organismos, en referencia a los hechos de Del Río, Texas, donde a finales de septiembre llegaron a concentrarse más de 15.000 haitianos en un campamento precario bajo un puente en la frontera con México. Las imágenes de aquellos días dieron la vuelta al mundo por su especial brutalidad: en ellas se veía a agentes a caballo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturando migrantes con lazos, en una escena más propia de un Western que de un proceso de asilo.
Pese a que la Casa Blanca decidió reducir los vuelos de deportación al país caribeño debido a la grave crisis humanitaria que atraviesa, la mayoría de haitianos del campamento de Del Río fueron expulsados a su país o hacia México, donde más de 26.000 personas procedentes de Haití han tramitado una solicitud de asilo en lo que va de año, pero menos de la mitad se han concedido. Para otras nacionalidades, el porcentaje de resoluciones favorables es mucho mayor, como la venezolana (98% de solicitudes favorables) o la hondureña (85%), según datos oficiales. Sin embargo, desde mediados de octubre, de Haití proceden la mayoría de solicitantes de asilo en el país, por encima de Honduras, que había liderado la lista hasta el momento.
“Las prácticas actuales en México, especialmente la de contener a migrantes y solicitantes de asilo en Tapachula, hace que el proceso de solicitar protección internacional sea extenuante, especialmente para las decenas de miles de personas haitianas, muchas de las cuales tenían empleos de baja remuneración antes de llegar a México y cuentan con pocos ahorros o carecen de ellos, por lo que a menudo no pueden cubrir sus necesidades de comida y alojamiento”, continúa el informe.
Tapachula, “una prisión sin techo”
La investigación se realizó precisamente en Tapachula, una ciudad de Chiapas fronteriza con Guatemala, con 350.000 habitantes y un índice de pobreza del 78%. Allí, ahora mismo, se encuentran retenidos por el Gobierno mexicano unos 50.000 migrantes a la espera de poder tramitar sus papeles, de acuerdo con estimaciones de organizaciones que trabajan en el terreno. Un auténtico polvorín con el caldo de cultivo ideal para fomentar ataques racistas, y “condiciones de inseguridad e indigencia debido a la falta de acceso a refugio, alimentos y otras necesidades básicas”.
En la práctica, Tapachula es “esencialmente una prisión sin techo”, como reza el informe. En los últimos meses varias caravanas migratorias han tratado de romper el cerco, pero han sido duramente reprimidas por la Guardia Nacional. Aun así, más de 500 haitianos lograron llegar a Ciudad de México a finales de septiembre. Este sábado, un nuevo grupo con cientos de personas ha vuelto a intentarlo y se encuentran en camino de nuevo hacia la capital.
La concentración de tantos solicitantes de asilo en un mismo lugar ha provocado un desbordamiento en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que además lleva meses denunciando la falta de presupuesto. Este colapso viene también auspiciado por la falta de otros mecanismos legales de acogida en México, más allá de la protección de asilo. Pero la situación, aseguran AI y HBA, es todavía más grave: “Las autoridades mexicanas de inmigración están llevando a cabo deportaciones masivas a Haití y haciendo deportaciones masivas de personas haitianas a Guatemala”. Algo que atenta contra las medidas de protección de los migrantes recogidas en el derecho internacional: “Amnistía Internacional considera que las detenciones por el Instituto Nacional de Migración y las devoluciones a Chiapas podrían cumplir con la definición de detención arbitraria”.
Haití, el país más pobre de América, sufre en la actualidad una grave crisis humanitaria, producto de una década de inestabilidad política y económica que sucedió al terremoto de 2010. El pasado julio fue asesinado su presidente, Jovenel Moïse, sin que todavía se hayan aclarado los motivos ni los culpables. En agosto, la isla tembló con un nuevo sismo de magnitud 7,2 que dejó más de 2.000 muertos. Estos días, las pandillas se reparten el control de la capital, Puerto Príncipe, los secuestros están a la orden del día, y apenas un 0,5% de la población ha sido vacunada contra el coronavirus.
Fuente: ACSUN, Elpais.
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