La vicepresidenta de Colombia encabezó el acto de reparación a las víctimas Colombia: El Estado pidió perdón a las comunidades afrodescendientes del Choco

Nota: en la imagen vicepresidenta de Colombia, señora Francia Marquez. Imagen: EFE

La vicepresidenta Francia Márquez encabezó el acto de reparación a las víctimas

Colombia: El Estado pidió perdón a las comunidades afrodescendientes del Chocó

"Aceptamos, sin condiciones, la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia", dijo Márquez.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, reconoció en nombre del Estado la responsabilidad "en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades afrodescendientes de los territorios de la cuenca del Cacarica", en el departamento del Chocó (oeste), durante una operación militar en febrero de 1997.

En un acto en Riosucio (Chocó), Márquez reconoció el pasado martes 28 de marzo de 2023 la responsabilidad del Estado por la "Operación Génesis" en cumplimiento de una sentencia dictada en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

"Aceptamos, sin condiciones, la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia", dijo Márquez.

La vicepresidenta agregó: "Reconocemos que ha existido un alto grado de impunidad y rechazamos la crueldad infligida en este caso contra las comunidades negras para intimidar, castigar, controlar, coaccionar y desalojar a sus miembros".

Por ello pidió "perdón a las víctimas de las operaciones militares y paramilitares de Génesis y Cacarica".

En el acto también participó el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien llamó a los diferentes actores armados a que se unan a la construcción de la paz total propuesta por el Gobierno.

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA

La CIDH declaró en 2013 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por los desplazamientos forzados que sufrieron las 23 comunidades que históricamente han habitado la cuenca del río Cacarica, en el marco de la operación militar "Génesis" y de las incursiones simultáneas del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre el 24 y el 27 de febrero de 1997.

Entre los desplazados se encuentra la poeta y lideresa de la organización Cavida (Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica) Jahaira Salazar Córdoba, quien recuerda cómo a sus siete años, una mañana de febrero de 1997, tuvo que abandonar su casa por los bombardeos y sobrevuelos de los aviones Kfir.

Por su parte, John Jairo Mena, otro de los cientos de campesinos que llegaron desplazados al municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia (noroeste), señala que el Ejército y los paramilitares le dieron a las comunidades un plazo de tres días para abandonar sus casas porque iban a combatir a la guerrilla de las FARC.

Tras culminar la última fase de retorno, en marzo de 2001, la comunidad ha denunciado nuevas "invasiones irregulares" en las zonas humanitarias a manos de militares y paramilitares que los revictimizaron.

Exigencias de las víctimas

Salazar admite que se hicieron algunos progresos en materia de justicia, como la sentencia de la CorteIDH, donde también se reconoce la violación del derecho a la vida y a la integridad personal del campesino Marino López, cuyo cuerpo, según los testimonios, fue desmembrado y su cabeza usada como pelota de fútbol.

No obstante, la lideresa insiste en que "faltan muchas cosas por hacer" ya que, además del caso de López, "hubo muchos otros casos" y, por ende, aún necesitan "saber la verdad" sobre el paradero de "muchos desaparecidos" o sobre quiénes dieron la orden del desplazamiento.

Entre las exigencias presentadas, según explicó a EFE Salazar, también está la necesidad de revisar las reparaciones que se les dieron a las víctimas para encontrar "algo más digno".

Del mismo modo, se solicita al Estado colombiano que se mejore la atención sanitaria en la zona ya que para recibir asistencia médica deben trasladarse hasta Riosucio donde, según denuncian, ni siquiera hay un centro "de primer nivel".

Fuente: ACSUN,pagina 12.

Los afrodescendientes de Choco, Cuaca y Nariño que escapan al Covid 19 y el conflicto armado reclaman la restituciòn de tierras al gobierno colombiano

Ley 1448 de 2011_victimas Conflicto Armado by sharonjav on Scribd

Nota: El articulo 2 de la ley, tome especial atenciòn a las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la presente ley.

En  Bogota hay miles de familias afrodescendientes que han llegado desde Chocó, Cauca y Nariño, huyendo de la violencia a causa del conflicto armado. Hoy le reclaman al Gobierno de Colombia por el incumplimiento con la restitución de tierras.

Histotoria de Emerito Chala un afrocolombiano que escapo de los paramilitares.

Emeterio Chala llegó a Bogotá en 2001, escapando de los paramilitares y la guerrilla que se habían apoderado de su casa, en el municipio de Medio Atrato, en Chocó. Aunque primero llegó a Quibdó, no pudo quedarse, pues el territorio también era azotado por la violencia. Al llegar a la capital se instaló en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad. Sin descanso, comenzó a buscar trabajo para sobrevivir. Sin embargo, al no lograrlo se desplazó a Suba, al noroccidente de la capital. “Allá trabajé como vigilante. En realidad, lo hice en diferentes lugares, pero después volví a mudarme, esta vez a Ciudad Bolívar”.

Y fue precisamente en esta localidad en la que se encontró con 170 familias afros, que también habían sido desplazadas por la violencia y que, al igual que él, dicen haber recibido pocos beneficios tras llegar a la ciudad. No obstante, una luz de esperanza se abrió paso para ellos desde 2011, año en el que se creó la Ley de Víctimas, la cual tiene entre sus metas devolverles las tierras a todas aquellas familias que fueron obligadas a abandonar sus viviendas por culpa del conflicto armado.

Pese a que el Gobierno nacional anunció que reuniría sus esfuerzos para devolverles lo que les habían arrebatado, casi diez años después ninguna de estas familias ha podido recuperar sus tierras. “Ellos hicieron unos acuerdos con nosotros, por lo que les creímos, pero hoy, incluso con la situación en que estamos, no nos han cumplido”, aseguró Chala. Y es que, además de todo lo que han tenido que pasar estas familias a causa de la violencia, les ha llegado de golpe el COVID-19, que los impactó con fuerza

Por ello, hoy más que nunca, el tener las manos vacías en medio de la emergencia sanitaria los ha obligado a salir a las calles, con el fin de ser escuchados por el Gobierno nacional. Félix Rueda es otro de los líderes desplazados por la violencia. El pasado 10 de junio llegó hasta la emblemática Plaza de Bolívar, junto con cientos de personas desplazadas por el conflicto armado, para protestar por el incumplimiento del Gobierno.

“Esta fue la vivienda que el Gobierno nacional me entregó”, era lo que decían las lápidas posadas sobre el pavimento de la Plaza de Bolívar, tumbas que ellos mismos hicieron para visibilizar la situación que atraviesan. “No hay palabras que expresen el sufrimiento que estamos pasando en este momento. No solo hemos sido víctimas del conflicto armado, también hemos sido víctimas del Estado”, aseguró Rueda.

En la manifestación fueron casi mil personas las que se pararon frente al Congreso de la República y el Palacio de Justicia para exigir ser escuchadas. “Nosotros lo que pedimos es que al menos, durante esta situación, nos brinden ayudas económicas para poder pagar los arriendos. Muchos hemos sido desalojados durante la pandemia y hemos tratado de armar una carpa para que los más afectados puedan tener dónde refugiarse”, relató el líder.

Sin embargo, a pesar de que se mantuvieron allí todo el día, poco pudieron lograr, “hasta las 7:00 p.m. llegaron funcionarios de la Unidad de Víctimas, que nos dijeron que iban a cumplir con los acuerdos, pero nada ha pasado”, aseveró Emeterio Chala, quien también fue parte de la marcha. “No nos sentimos representados por nadie. Ya es hora de que tengamos una vivienda digna. Somos víctimas de un conflicto en el que nunca tuvimos culpa y ni siquiera nos han brindado una reparación por eso”, dijo Chala.

Por ahora, estas comunidades han manifestado que seguirán saliendo a las calles, pese a la emergencia sanitaria, pues dicen que es el mismo incumplimiento del Gobierno el que los obliga a salir a las calles, pues en este momento no pueden salir a trabajar como antes y no tienen vivienda ni sustento para sobrellevar los efectos de la pandemia.

El panorama afro en Bogotá

Según datos de la Alcaldía de Bogotá, en la capital hay alrededor de 115.088 personas afros. Sin embargo, para Horacio Guerrero, funcionario de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, cada vez son más las familias que llegan a la capital. “Los efectos de la pandemia en sus territorios los han hecho arribar recientemente a Bogotá y entran, inicialmente, por la ruta de la Alta Consejería para Atención a las Víctimas del Distrito”.

El funcionario agrega que, debido a la emergencia por el COVID-19, han repartido mercados a las organizaciones de comunidades afros que están en la base de datos de la Alcaldía, pero reconoce que todavía hay muchas familias que no han podido acceder a las ayudas. “En este momento estamos levantando una nueva base de datos por grupos familiares para ingresarlos oficialmente al programa Bogotá Solidaria en Casa”, dijo Guerrero.

Una vez el Distrito logre ingresar a estas personas permanentemente al programa, las comunidades afros podrán acceder no solo a ayudas alimentarias, sino a tener un alojamiento donde refugiarse, que es coordinado con la Secretaría de Hábitat. “Esto es lo que les hemos ofrecido a las comunidades negras. Para ello estamos haciendo encuestas a estas personas y a su grupo familiar”, finalizó el subdirector.

La capital cuenta permanentemente con los Centros de Orientación y Fortalecimiento Integral Afrobogotano (Confía) y con el Consejo Consultivo Afro, Raizal y Palenquero para la atención de esta comunidad. Pese a las ayudas, la comunidad ha dejado en claro que quieren que el Gobierno nacional les dé garantías “reales” que les permitan volver a sus tierras, para tener una vida digna y no sufrir las penurias que ahora, por la pandemia, son aun más dolorosas.

Fuente: ACSUN, Elespectador.

Afrodescendientes e indigenas en Colombia le exigen al gobierno medidas con el paramilitarismo

Afrodescendientes e indigenas se movilizan en Choco

Ante la crisis humanitaria que vive el municipio de Rio Sucio, Chocó, desde este jueves 5 de mayo de 2017, alrededor de 3 mil personas entre afrodescendientes e indígenas se declararon en minga por la defensa del territorio, además de solicitar ser escuchados, con el objetivo de solucionar varios problemas que aquejan a la comunidad.

¿Qué es declararse en Minga?

El significado de la minga para el pueblo indígena es circular razón por la cual todo el bien físico espiritual rodea en ella, es una forma de determinar cualquier situación o problema que se presenta en una sociedad, es la construcción de la unidad propia des de la visión del pueblo buscando enriquecer mas la comunicación la autonomía alimentaria y la lengua materna entre ser y la madre naturaleza para permanecer en armonia y equilibrio . La minga como lo llamamos el pueblo nasa “pi”txya, pi”txyuwe” es una invitación que hace la persona a otra persona pidiendo que si puede colaborar un día en el trabajo hacia diferentes espacios una de las que más sobre sale es la siembra del maíz, Dentro de la agricultura propia el trabajo es muy cuantioso y se requiere un buen numero del manos del hombre por lo tanto el ser indígena practica la minga como fuente de unidad, estrategia solución, a esto lo llamamos (MINGA DE TRABAJO)

ha ora basando en (MINGA DE PENSAMIENTO) es la construcción de lasos de unidad de diferentes personas o pueblos concentrado en una solo trabajo mediante el dialogo para exigir cualquier violación o irregularidad que presente hacia la persona y hacia el territorio.

¿Por qué razón se movilizan las comunidades?

La comunidad busca que sea solucionada la situación de desplazamiento en la que se encuentran por presencia paramilitar y del Eln, uno de los líderes del pueblo aseguró que “En nuestro territorio hay gran inseguridad, el territorio está minado, no podemos realizar las actividades cotidianas, no tenemos derecho ni a cortar un racimo de plátano, por esa razón la gente se tuvo que salir, pero hay varias personas confinadas”.

Con las ‘manos atadas’

Así mismo el líder de la comunidad indicó que no pueden salir a hacer sus actividades normales porque el problema es complejo, por tal motivo siguen insistiendo en un acuerdo humanitario de inmediato, pues no quieren seguir sufriendo afecciones por el conflicto armado.

¿Què soluciones reclaman?

Además de buscar un acuerdo humanitario, la población de Rio Sucio, Chocó, busca que el gobierno agilice la reparación de víctimas del conflicto, un retorno digno con garantías de no repetición, además de un apoyo psicosicial a sus tierras, proyectos productivos, servicios básicos como agua y luz.

“Hemos decidido hacer esta movilización para que el gobierno nacional y departamental se siente con nosotros y negociemos las exigencias que estamos haciendo” relató el líder.

La minga espera que el presidente Juan Manuel Santos, el Ministro de Defensa, de Ambiente, de Justicia y todas las entidades competentes ante quienes han denunciado la situación, puedan hacerse presentes en el territorio para dar una solución.

“Queremos que venga gente con poder de decisión y se sienten con nosotros a mirar lo que estamos exigiendo porque estamos dentro de la normatividad”

Fuente: ACSUN, Lic. Javier Dìaz, crihu,hsbnoticias.