Durante los días 15 y 16 de noviembre de 2021, se realizó en la ciudad de Montevideo la Reunión de Parlamentarios y Parlamentarias Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, un espacio de intercambio, reflexión y coordinación que apuntó a facilitar la articulación de esfuerzos desde el ámbito legislativo para asegurar e impulsar el cumplimiento de los marcos normativos internacionales, regionales y nacionales de promoción de la igualdad y garantía de los derechos de las personas afrodescendientes.
Como principal resultado de esta reunión, parlamentarios y exparlamentarios de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, conciliaron el Acuerdo de Montevideo por las personas Afrodescendientes.
Compromisos con las personas afrodescendientes
En la sesión de clausura, el miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, Jhon Arley Murillo Davies y la Diputada de la República de Panamá, Kayra Hardind leyeron la declaración del Acuerdo de Montevideo. Junto a ellos, la Vicepresidenta de la República de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la Senadora de Uruguay, Gloria Rodriguez; y el Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, Harold Robinson Davis dieron cierre a la reunión con breves reflexiones.
El Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, Harold Robinson Davis, agradeció “el esfuerzo y compromiso por alcanzar ese sueño de larga data en que las personas tengan los mismos valores y oportunidades para ejercer sus derechos”. Robinson destacó que la labor legislativa: “es central en vencer las causas estructurales de desigualdad en la región, a través de programas y políticas, y donde el Estado armonice los marcos legales nacionales con los internacionales”. Al cierre de su oratoria reafirmó el compromiso en el marco del Plan de Acción de Durban; el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo; la Agenda 2030; y la Conferencia de Población de El Cairo”; entre otros.
Por su parte, la Vicepresidenta de la República de Costa Rica, Epsy Campbell Barr subrayó el trabajo de la organización; “la fuerza y el liderazgo” de la Senadora Gloria Rodríguez; agradeció al gobierno del Uruguay y al Fondo de Población de Naciones Unidas. Campbell remarcó que “se ha dado un paso extraordinario para generar mecanismos y puentes para avanzar en nuestra agenda, para pensar en un futuro en clave parlamentaria, para poder soñar por esas sociedades por las que trabajamos todos los días, construyendo liderazgos compasivos, pensando primero en quienes tienen menos, celebrando nuestras diferencias, acordando en temas fundamentales, respetando la naturaleza y tomando decisiones considerando el entorno”.
Nota: fuente de la imagen UNFPA UruguayLa Senadora Gloria Rodriguez (Uruguay) expresó que: “debemos estar hermanados, nos une un único tema que es la lucha contra el racismo y la discriminación, debemos avanzar en nuestro compromiso, el cual no tiene un color político ni una ideología política”. La Senadora destacó algunos conceptos: “debemos preparar a nuestros jóvenes para representarnos, convertirnos en referentes, capacitarnos en política”. En último término Rodriguez comentó que ayer el Presidente de la República brindó su respaldo con las siguientes palabras: “cuenten conmigo, sepan que estoy, que soy uno más”.
Fuente de la imagen UNFPA UruguayUNFPA UruguayEl Acuerdo de Montevideo
Nosotros y nosotras parlamentarios y exparlamentarios de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, en ocasión de la Reunión de Parlamentarios y parlamentarias Afrodescendientes de América Latina y el Caribe,
Guiados por:
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, para “No dejar a nadie atrás”. La Declaración y el Programa de Acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia; La Declaración y Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes; El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo; Considerando que:
Existen cerca de 134 millones de personas que se autoidentifican como afrodescendientes en América Latina, lo cual hace que los afrodescendientes seamos uno de los grupos étnico-raciales más importantes de la Región;
Si bien existe un mayor un reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que caracteriza a cada país y de los derechos de las personas afrodescendientes, aún persisten importantes barreras que limitan su acceso a mejores condiciones de vida y el racismo continúa siendo un elemento central de la cultura del privilegio que aún persiste y se reproduce en nuestros países, afectando todos los derechos de las personas afrodescendientes;
Estamos preocupados por la situación de desventaja de las personas y comunidades afrodescendientes que se ha visto agudizada por la Pandemia del COVID-19, y en especial afectando las áreas de educación; empleo; salud; violencia, y todos los tipos de violencia, en particular cuando las desigualdades son resultado del racismo y la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, como la identidad de género, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra índole, el origen social, la situación económica, las migraciones y discapacidad, entre otras;
El reconocimiento, la visibilidad y la garantía de los derechos de las poblaciones afrodescendientes constituyen asuntos fundamentales para la justicia social, la igualdad, la democracia y el desarrollo sostenible; lo cual demanda generar acciones que respondan a las necesidades específicas de las poblaciones y comunidades afrodescendientes, que impulsen modelos de desarrollo integral y equitativos que permitan transformar los imaginarios colectivos y, eliminar el racismo y la discriminación racial para avanzar en el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes.
Las parlamentarias y los parlamentarios afrodescendientes tienen un rol clave para incidir en la implementación de las medidas que emergen de la Revisión de Mitad de Período del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, del Programa de Acción de Durban; el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo; y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las parlamentarias y parlamentarios tenemos la oportunidad y compromiso para impulsar marcos legales, políticas públicas e iniciativas de acción afirmativa en favor de los derechos de las poblaciones y comunidades afrodescendientes; además de tener un papel fundamental en la movilización de los recursos domésticos necesarios para garantizar la implementación de las políticas públicas.
Manifestamos nuestro compromiso de:
Continuar fortaleciendo un mecanismo regional de parlamentarios y parlamentarias afrodescendientes que permita el intercambio, reflexión y coordinación desde el ámbito legislativo para la articulación de esfuerzos con el fin de acelerar el cumplimiento de los derechos de las poblaciones y comunidades afrodescendientes.
Conformar el “Grupo Parlamentario Afrodescendiente de América Latina y el Caribe” como un espacio y mecanismo de dialogo e intercambio de experiencias y aprendizajes; y articulador para asegurar e impulsar el cumplimiento de los marcos normativos internacionales, regionales y nacionales de promoción de la igualdad y garantía de los derechos de las personas afrodescendientes en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible; la Declaración y Programa de Acción de Durban, el Programa de Actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
El “Grupo Parlamentario Afrodescendiente de América Latina y el Caribe” está integrado por parlamentarios, parlamentarias, exparlamentarios y exparlamentarias; y promoverá y mantendrá un dialogo amplio con otras plataformas parlamentarias regionales y globales tales como el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Parlamento del Mercosur (PARLASUR), Parlamento Andino, la Comunidad del Caribe (CARICOM); la Diáspora Africana y Sexta Región de la Unión Africana; y otras plataformas de parlamentarios para avanzar en la garantía y protección de los derechos y la dignidad de las personas afrodescendientes en su diversidad, para el pleno disfrute de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y ambientales, y superar así las desigualdades estructurales.
El “Grupo Parlamentario Afrodescendiente de América Latina y el Caribe” contribuirá con el trabajo del Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas, plataforma que contribuirá a mejorar la calidad de vida y la inclusión política, económica y social en condiciones de igualdad de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven.
El “Grupo Parlamentario Afrodescendiente de América Latina y el Caribe” continuará trabajando virtual y presencialmente para fortalecer el desarrollo de la agenda común, con énfasis en legislación, políticas, y acciones afirmativas; censos y contémonos, con perspectiva multicultural; y demás temas coyunturales de interés de nuestras comunidades.
El “Grupo Parlamentario Afrodescendiente de América Latina y el Caribe” acuerda conformar un equipo facilitador integrado por Uruguay como país coordinador, Panamá y Colombia, y contando con el apoyo de todos los países participantes, para dar continuidad y efectiva implementación de los acuerdos establecidos.
Reafirmamos nuestro compromiso para:
- Impulsar marcos legales y de política pública que reconozcan la presencia histórica de la población afrodescendiente; fortalecer y/ o desarrollar marcos legales para poner fin a la discriminación racial y garantizar el acceso a la justicia y la aplicación de la justicia sin discriminación, asegurando los mecanismos institucionales necesarios en materia de derechos humanos para garantizar un efectivo ejercicio de los derechos humanos, la igualdad y no discriminación.
- Continuar promoviendo normas, programas y acciones que aseguren el reconocimiento, la justicia y el desarrollo como ejes centrales del Decenio, tomando en cuenta la intersección con otras desigualdades (género, edad, discapacidad, diversidad sexual, entre otras).
- Promover la implementación de políticas públicas y estrategias de desarrollo integrales a nivel nacional y local que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades afrodescendientes, que atiendan entre otros aspectos las áreas de educación; salud; empleo y empoderamiento económico; vivienda; prevención y atención de todos los tipos de violencia; participación política y la situación post pandemia por COVID-19 y otras esferas de desarrollo que afectan a las personas afrodescendientes, tales como personas en situación de movilidad humana, y otros aspectos interseccionales.
- Asegurar el financiamiento e implementación efectiva de políticas públicas, leyes, planes y programas en favor de los derechos de los afrodescendientes.
Exhortamos al Sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales y regionales e invitamos a la sociedad civil, el sector privado y a cualquier otro interesado, a que se comprometan plenamente e intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
Agradecemos y felicitamos al Senado y al Gobierno de la República Oriental del Uruguay por el compromiso con la agenda de inclusión y derechos humanos de las personas y pueblos afrodescendientes y por haber sido el país anfitrión de esta reunión.
Reconocemos y felicitamos al Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA por su compromiso en visibilizar y posicionar los derechos y promover la inclusión de las personas afrodescendientes para no dejar a nadie atrás, y le solicitamos su acompañamiento al “Grupo Parlamentario Afrodescendiente de América Latina y el Caribe”.
Firmado el 16 de Noviembre de 2021 en la Ciudad de Montevideo, Uruguay.
Fuente: ACSUN, unfpa.
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