A pocos dìas de la primera session del Foro Permanente para personas Afrodescendientes que se celebrara entre 5 y el 8 de diciembre, Brasil recibe observaciones por parte del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, quien pidió hoy ( 2 de diciembre de 2022) más esfuerzos para la protección de las comunidades afrobrasileñas e indígenas.
En el informe de sus últimas revisiones periódicas en Brasil, el comité alertó de que la explotación de los recursos naturales de estas comunidades mediante la tala ilegal, la deforestación y la minería constituye una "invasión" de los territorios donde habitan estas minorías.
Para detener esta situación, el comité pidió a las autoridades brasileñas que pongan fin a los retrocesos en materia legal sobre la deforestación y la protección de las comunidades indígenas y promulguen un nuevo plan nacional en cuya elaboración participen miembros de las comunidades afectadas.
Además, el organismo exigió el fin de la violencia contra los indígenas y los quilombola -los afrodescendientes de los antiguos esclavos-, especialmente contra las mujeres de estas comunidades, y solicitó investigaciones exhaustivas de todos los incidentes producidos hasta la fecha.
El comité lamentó que el proceso de demarcación de los territorios indígenas, cuya resolución estaba prevista para 2017, esté paralizado desde 2016, y recalcó su preocupación por los derechos de las comunidades indígenas munduruku y yanomami y por la situación de los quilombola de Alcântara.
Entre sus observaciones, el comité de las Naciones Unidas también condenó los ataques sufridos por algunos activistas afrobrasileños e indígenas, que en algunos casos fueron asesinados, así como el recorte de fondos al programa de protección para los activistas pro-derechos humanos, comunicadores y activistas medioambientales de Brasil.
En cuanto a la violencia racista contra los jóvenes de entre 15 y 29 años, el comité recordó que el homicidio es la principal causa de muerte entre los ciudadanos afrobrasileños de este grupo de edad y pidió a las autoridades que no interrumpan la aplicación del Plan Juventude Viva, suspendido en numerosas ocasiones.
El comité también puso el foco sobre el aumento de la violencia política que sufren las minorías raciales, especialmente contra las mujeres afrobrasileñas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+.
Para atajar esta situación, el comité recomendó a las autoridades que aumenten el porcentaje de representación de estas minorías en todas las escalas políticas del país.
Además, el órgano pidió garantías de seguridad y dignidad para las mujeres que quieran abortar, así como el fin del acoso y la criminalización contra los profesionales médicos que las asisten.
En su informe, el comité destaca que los salarios bajos o no remunerados afectan notablemente a las mujeres de estas minorías, que trabajan en sus hogares y se enfrentan al hambre en el 65 % de los casos.
El estado brasileño es acusado ante la ONU por la falta de implementaciòn de la Agenda de Durban
La Articulación para Rescatar y Reforzar la Agenda de Durban, formada por las ONG Geledés -Instituto da Mulher Negra, Criola, Comunidade Bahá'í do Brasil, Coalizão Negra por Direitos e Instituto Raça e Igualdade, llama la atención del mundo sobre la urgencia de combatir el racismo en Brasil.
La coaliciòn logró llamar la atención del mundo sobre la urgencia del cumplimiento por parte del Estado brasileño de la Agenda de Durban, que hace 20 años estableció el claro objetivo de erradicar el racismo en Brasil así como el exterminio de la población negra.
En el informe sombra entregado al CERD días antes de las audiencias, sirviera de base preliminar para el cuestionamiento hecho al gobierno brasileño durante la 108ª sesión del Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), realizada entre el 16 y 17 de noviembre, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.
El sábado 26 de noviembre de 2022 se presento el informe sombra, en este momento de transición de gobierno, hay mayor esperanza de que estos temas sean abordados internamente con el mantenimiento de políticas públicas y la implementación de otras, que pueden incluso incluir procesos de reparación de la esclavitud negra en Brasil.
Será un proceso de larga resistencia (incluidos los grupos neonazis que se han instalado en el país en los últimos siete años) y a la vez un proceso continuo de reconstrucción, en el que la lucha contra el racismo es protagonista, con la creación de un nuevo ministerio.
Durante los dos días de audiencias en Ginebra, el gobierno brasileño fue fuertemente presionado por miembros del CERD por el cumplimiento de un acuerdo que el país ya ratificó en el pasado. Brasil estaba muy atrasado en sus informes y rendición de cuentas, ya que el último informe entregado al Estado brasileño al Comité de la ONU fue en 2020 y abarcó el período de 2004 a 2017. Desde entonces, prácticamente no se hizo nada.
Entre los temas presentados en el informe sombra y destacados en el sábado del CERD al gobierno brasileño están la lucha contra el hambre, el genocidio y la violencia racial, el encarcelamiento masivo de la población negra, la morbilidad y mortalidad, las crisis económicas y de salud y los impactos causados por covid-19, afectando de manera más letal a la población negra.
¿Cual fue la postura de las relatoras ante el informe de Brasil?
Desde la perspectiva de quienes siguieron internamente las audiencias, es posible destacar algunos momentos importantes en los que la relatora principal para Brasil en el CERD, la abogada independiente Gay Mc Dougall, y los especialistas Mehrdad Payandeh y Eduardo Ernesto Veja Luna, se colocaron asertivamente ante las negativas del Estado brasileño a presentar datos correspondientes a la realidad del País.
Gay MacDougall, por ejemplo, subrayó que “el racismo es histórico, persistente, en todo el tejido social de Brasil”. También destacó que el “informe del gobierno solo cubre datos desde 2017, dejando un gran vacío”. “Las mujeres negras e indígenas están atrapadas en el racismo interseccional, incluso durante la pandemia de COVID-19”, dijo.
El relator del CERD también afirmó que la pobreza entre la población negra no ha disminuido en el país, sino que se ha consolidado frente a “programas sociales desmantelados” en los últimos cuatro años. Gay preguntó a la comisión de gobierno sobre la actualización del programa de cuotas, sobre los niveles de empleo público para los afrodescendientes, sobre los programas para educar a los afrodescendientes e indígenas sobre la discriminación en el trabajo, y en el ámbito político, sobre la representación afrodescendiente e indígena en ambas cámaras del Congreso.
Fuente: ACSUN, efe,geledes.
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