Tras la aprobación en la plenaria del Senado del proyecto que ratifica la adhesión de Colombia al Acuerdo de Escazú, en el que el Pacto Histórico y el Centro Democrático tuvieron su primer pulso ideológico en este nuevo Congreso, la segunda medición política (que no numérica, ya que el uribismo es oposición minoritaria ante la mayoritaria coalición de izquierda) será la referida a los proyectos de reforma al Congreso.
El del Centro Democrático plantea la reducción del Parlamento en 30% de curules en el Senado y 20% en la Cámara. De igual manera, propone una disminución inmediata del salario de los congresistas, vía impuesto inmediato y congelación a partir del 2026.
Asimismo, la bancada uribista presentó, nuevamente, el proyecto de reducción del período de vacaciones parlamentarias, de esta forma: se disminuyen en dos meses empezando período legislativo el 16 de enero y no el 16 de marzo.
Propuesta uribista
Uno de los temas más importantes dentro de la propuesta del Centro Democrático es el recorte a la cámara alta. Según el proyecto de acto legislativo el Senado se reduciría un 30% y sus miembros serán elegidos en circunscripción nacional.
Adicionalmente, un senador sería escogido en representación de las comunidades indígenas y otro de las comunidades afrodescendientes.
Así mismo, la Cámara de Representantes se reducirá en un 20% por circunscripciones territoriales. Habría, además, una curul para las comunidades afrodescendientes, otra destinada a las comunidades indígenas y una tercera para la representación de los colombianos en el exterior.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina elegiría un representante por la comunidad raizal de dicho departamento. El sueldo de los congresistas será de 23 salarios mínimos mensuales a partir de 2026, estará atado a inflación e incluso el aumento anual decretado por el Gobierno Nacional podrá ser rechazado por la mayoría en cada una de las cámaras.
Iniciativa del Pacto
En contraposición está el proyecto del Pacto Histórico que también fue radicado esta semana. La iniciativa no reduce el tamaño del Legislativo pero sí limita la reelección indefinida de los congresistas, estableciendo un límite de tres periodos En cuanto al recorte de las vacaciones, la coalición de izquierda propone que el primer período de sesiones comenzaría el 20 de julio y terminaría el 20 de diciembre; el segundo iniciaría el 1 de febrero y concluiría el 20 de junio.
Sobre la disminución de los salarios de los congresistas, la idea es que se congelará el actual sueldo hasta julio de 2026, momento a partir del cual se establecerá un límite/tope en la remuneración (salarios, gastos de representación, primas especiales) de 25 salarios mínimos mensuales. Esto significaría una reducción de entre 10 y 15 millones mensuales.
Reformas adicionales
También se plantea fortalecer las causales de pérdida de investidura de los congresistas combatiendo el ausentismo parlamentario. En este tema se plantea, además, el deber de asistir a más sesiones, ya que las seis inasistencias se contabilizarán en toda la legislatura. En las plenarias se tendrá que asistir a las sesiones en las que se discutan proyectos, no solo a aquellas en las que se voten.
Se crea, adicionalmente, otra causal de pérdida de la calidad de congresista: por obtener prebendas a cambio de su participación en proyectos, mociones de censura o en su ejercicio electoral. A ello se suma que en las próximas semanas se anunciará una iniciativa de ley orgánica que reforme la Ley Quinta con el fin de hacer el trámite legislativo más limpio, transparente y eficaz; asimismo, se radicará un proyecto de ley estatutaria para crear el Sistema Integral de Rendición de Cuentas.
Fuente: ACSUN, el nuevo siglo.
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